La estabilidad de la educación privada en Venezuela se encuentra cada vez más comprometida. A medida que crece el índice inflacionario, la sustentabilidad financiera de las instituciones pende de un hilo, puesto que deben ajustarse a una estructura de costos durante un año escolar y resistir los desbarajustes propios de la economía actual en ese lapso. A pesar de ello, cerca del 85% de los planteles definió los costos de matrícula y mensualidad en conjunto con los padres.
Según el marco legal, la Gaceta Oficial 40.452 publicada el lunes 14 de julio de 2014, establece que el monto de los costos de matrícula y mensualidad de colegios privados será definido por la Asamblea Escolar, cuya instancia está compuesta por padres y representantes de cada institución perteneciente al Subsistema de Educación.
El decreto reseña que la directiva de cada plantel deberá presentar ante la Asamblea Escolar la estructura de costos y gastos como parte integrante del presupuesto del año siguiente, bajo los parámetros establecidos en la Ley. La Asamblea Escolar con un previo estudio económico, acordará el monto de la matrícula y las mensualidades que permitan cubrir los costos y gastos de la institución.
Los aumentos para el próximo calendario escolar rondan entre el 120% y 150% en la mayoría de los casos. Si bien han representando un duro golpe para los padres y representantes, las modificaciones se rigen bajo mutuo acuerdo, como lo dice la Ley.
Sin embargo, existen múltiples denuncias por aumentos presuntamente excesivos, que van desde 200% hasta un 300% de incremento. Según Fausto Romeo, directivo de la Asociación Nacional de Institutos de Educación Privada, estas situaciones se producen porque el colegio no discute con la comunidad educativa los ajustes.
Erlinda Hartliep, presidenta de la Asociación Larense de Educación Privada (ALEP), opina que este año es la última prueba de resistencia para los colegios, los cuales están lesionados porque no logran descifrar los conflictos económicos. Advierte que la educación de calidad puede verse amenazada.
Costos se ajustan a una realidad del país
Según Romeo, el 75 % de la estructura de costos se va en el pago de nómina, prestaciones, beneficios laborales y uniforme de personal. Eso sin contar el mantenimiento de planta física, gastos administrativos y pago de servicios.
“Los colegios se basan en un proyecto educativo y eso requiere seres humanos profesionales. Lo más complejo de todo esto es que la estructura de costos se hace en mayo para ser aplicada en septiembre y además tiene una vigencia hasta agosto del año que viene. Es decir, que en Venezuela con esta inflación realizamos un presupuesto que debemos mantener durante un año escolar y se hace cinco meses antes”, explicó el directivo.
“Ahora pregunto, ¿qué bolita de cristal nos puede decir cuáles serán los salarios dignos para mitad de año escolar? Nosotros no conocemos el incremento de la U.T. para el ticket de alimentación, ni los aumentos salariales. El ciclo escolar pasado nos enfrentamos a dos aumentos (septiembre 2014 y febrero 2015) y no lo estimábamos en nuestra estructura de costos”, continuó.
Por su parte, Hartliep indica que existe un fenómeno grave de especulación alimentada por la inflación. Las instituciones deben ceñirse a esta situación para la compra de materiales de oficina, tinta para impresoras, cemento, cabillas y artículos de aseo personal debido a que no se encuentran en el mercado. Por tanto, se ven obligados a recurrir al comercio informal y pagar sus altos precios.
Útiles escolares
Ambos directivos coincidieron que en todas las instituciones acordaron minimizar la lista de útiles escolares por su alto costo. Además estudian el uso de la tecnología para el envío de algunas asignaciones académicas.
“Estamos haciendo una especie de subasta. Los de quinto año les dejan los libros a los de cuarto, los de tercero a los de segundo y así sucesivamente. Si antes pedíamos 12 cuadernos, ahora pedimos seis. Tenemos que entender que estamos en una crisis, pero no podemos paralizar por eso”, indicó Hartliep
Mientras que Romeo, se suscribe a la campaña de no rayar las camisas y franelas, considerando que otra persona o familiar pueda necesitar la prenda para sus estudios.
Educación con condiciones
Romeo indicó que los padres tienen el poder de decidir la educación que quieren para sus hijos, por tanto cuestiona un poco las denuncias hechas por algunos representantes, ya que ni el Ministerio ni el Gobierno están obligando a estudiar en ese modelo educativo.
“Los padres también deben entender que con esta situación es preciso buscar una institución que se adecúe a sus condiciones económicas.
Los aumentos presentados por algunos colegios están sustentados por una estructura de costos y requiere de profesionales altamente capacitados para lograr los estándares de calidad. Todo eso vale dinero y tienen que entenderlo”.
Padres de Lara
Natalia Reverón, vocera de la Asociación Civil Padres de Lara, exhortó a la concertación entre colegios y representantes.
Indicó, que han recibido denuncias por colegios que han aumentado un 160% y laboran medio turno, también de preescolares que han incrementado su mensualidad de 1.500 a 5.000 bolívares, lo cual representa un duro golpe a la administración de los padres.
“Los colegios deben realizar su asambleas y concretar con los padres. Nuestra situación no es fácil, mi hijo estudia preescolar y mensualmente debo disponer de 10 mil bolívares mensuales para su educación matutina y formación vespertina. Asimismo gasté más de 10 mil bolívares en uniformes”.
Consideró que la crisis económica del país ha producido algunos enfrentamientos entre los padres y colegios pues se trata de la estabilidad de los colegios vs la estabilidad de los bolsillos.
Recalcó que cerca de cinco colegios están en amenaza de cierre esperando la autorización de aumentos por parte de la Zona Educativa.
100 instituciones privadas no han cumplido con la Gaceta en Lara
Katy Yánez, directora regional de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde), informó que a su oficina han llegado más de 100 denuncias de padres que denuncias aumentos exorbitantes en las instituciones privadas.
Indicó que este organismo se rige por los parámetros de la Gaceta Oficial 40.452, por tanto explica que de existir desacuerdos entre colegios y comunidad educativa, donde los aumentos sean arbitrarios, se les aplicará una sanción y se dejará sin efecto el incremento de precios.
“El ajuste debe coincidir con la estructura de costos que planteen los colegios y debe ser aprobado por los padres y representantes. De lo contrario, no permitiremos abusos contra el bolsillo de la comunidad educativa.
Estas modificaciones deben ser consensuadas para no perjudicar la estabilidad académica del estudiante”, indicó Yánez.
