Habitantes de la Ciudad Socialista Alí Primera, al norte de Barquisimeto, señalan que la Operación para la Liberación del Pueblo (OPL), no se ha desplegado allí, sin embargo, están a la expectativa de lo que pueda ocurrir, porque en edificaciones de la Misión Vivienda de otras entidades, organismos de seguridad han desarticulado bandas criminales.
Un vocero que prefirió el anonimato, negó que se hayan realizado allanamientos, detenciones o desalojos de los apartamentos.
Aparentemente, la situación está controlada porque efectivos realizan patrullaje en sus respectivos cuadrantes. La Policía Nacional Bolivariana (PNB), está encargada del primer cuadrante, vigila de la zona 1 a la 10, por su parte la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), custodia de la zona 10 a la 20 y la Guardia del Pueblo de la 20 a la 30.
Los residentes aseguran que los efectivos atienden denuncias de todo tipo, además realizan requisas a propios y visitantes de manera continua.
Censo de Inavi
El Instituto Nacional de Vivienda (Inavi), realiza un censo para determinar cuántos apartamentos se encuentran habitados de los 4.302 construidos en el complejo habitacional.
El entrevistado indicó que también se ejecuta un estudio socioeconómico para especificar el monto que deberán pagar las familias por el inmueble. Aunque los montos no han sido determinados se estima que cada vivienda cueste 780 mil bolívares.
Sin cooperativa de vigilancia
Una preocupación que invade a los vecinos de la Ciudad Socialista Alí Primera, es que en este momento la casilla de vigilancia de la entrada se encuentra vacía, pese a que el personal de la cooperativa de servicio Los Dragones, se retiró por incumplimiento de pago.
La situación genera alarma, porque en los accesos no existe supervisión de ningún tipo, lo cual aumenta el riesgo de que se produzcan robos o cualquier otro hecho irregular.
Cabe destacar que la organización integrada por personas de la misma comunidad, cumpliría varias funciones: controlar la entrada y salida de vehículos, de igual forma hacer recorridos por el urbanismo progresivamente, pero los beneficiarios no son constantes con el pago de la mensualidad: 152 bolívares fuertes.
“Muchos creen que el Gobierno debe asumir el gasto de todos los servicios. Mientras no exista el hábito o la responsabilidad de cancelar por ellos nadie garantizará la seguridad interna” afirmó la persona consultada por EL IMPULSO.
