«Positivo» es el balance que guardan las organizaciones de derechos humanos al valorar el resultado de los exámenes que rindió Venezuela ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU).
Consideran que una vez más quedó demostrado el carácter antidemocrático del actual Gobierno y que con las recientes evaluaciones aumentó la visibilidad de las denuncias.
«Las barbaridades que dijo la representación de Venezuela en Ginebra no pasan desapercibidas en las Naciones Unidas. Se riega como pólvora en los pasillos», expresó la directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, Ligia Bolívar.
«Nosotros debemos aprovechar estos informes para marcar nuestra propia agenda en materia de DDHH», manifestó la investigadora quien sustentó uno de los informes alternativos presentados a los comisionados que sirvieron de base para cuestionar al Estado venezolano.
Por otra parte, «las posibilidades de que estas denuncias y pronunciamientos se transformen en algo concreto para los ciudadanos depende de nosotros», subrayó, por su parte, el director de Sinergia, Feliciano Reyna.
Observó como un verdadero incentivo «ver que estas personas están realmente interesadas en nuestras denuncias…», agregó.
Vinculantes
Las reflexiones forman parte de un foro realizado este martes por algunos de los activistas que viajaron a la ciudad Suiza el mes pasado y sostuvieron una audiencia privada con 12 de los 18 integrantes del Comité de Derechos Humanos, paso previo a la interpelación que hicieron éstos a la representación venezolana encabezada por la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz.
El resultado de esta rendición de cuentas en torno al cumplimiento de Venezuela del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, fue un informe en el que el órgano de la ONU dio un plazo de 100 días al Estado para adecuarse a los estándares de independencia de jueces y fiscales y elevar la titularidad de los funcionarios del Poder Judicial, entre otras recomendaciones.
«Los informes de la ONU son legalmente vinculantes porque el Estado es parte, por lo tanto está obligado a cumplir», subrayó Bolívar, quien calificó la respuesta del Comité como «dura», por los términos en los que está escrita.
No obstante, los últimos pasos del Gobierno hacen pensar a la activista que evadirá esta obligación abstrayéndose en un escenario más alternativo y complaciente.
«El Estado esta desplazando el eje de derechos humanos hacia Unasur y Mercosur. Ahora están olvidando el escenario de Naciones Unidas», reflexionó, con base en el contenido del Plan Nacional de Derechos Humanos.
Clamor
El director de Espacio Público, Carlos Correa, vio como otro aspecto positivo la amplia participación de la sociedad civil (representada por las ong´s) en los espacios tanto de la ONU como en el sistema interamericano, aunque consideró que esto tiene un trasfondo.
«Nosotros no tenemos la posibilidad de obtener justicia en el país, de ahí la amplia participación de defensores de derechos humanos venezolanos en los sistemas internacionales que se evidenció en la audiencia con el Comité de Derechos Humanos», dijo.
Por su parte, la directora del Centro Hispanoamericano para la Mujer Freya, Fabiola Romero, cree que logrado el objetivo de la visibilidad, hay otros frentes que deben resolver los defensores de derechos humanos en Venezuela.
«El primer gran reto es hacer llegar esta información a la población. Segundo, el monitoreo y la sistematización. El tercero es cómo hacer para que no se siga criminalizando la defensa de los DDHH», manifestó.
Otro objetivo que considera deben plantearse las ONG es buscar la forma de «mantener al Estado en un lugar donde no se siente cómodo (la ONU) e intentar que dé respuestas», agregó.
