La última: el presidente del gremio de los licoreros, Fray Roa, expone la crítica situación del sector que representa, pues una nueva providencia los obliga a pagar en forma anticipada 50 % del PVP, más 12 % de IVA, y la respuesta oficial es mandar a su casa a una comisión del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), a ponerlo preso.
Roa habló de decretar una “Hora Cero”, el 29 de este mes. Cometió el delito de advertir acerca del inminente cierre de miles de licorerías, que dan trabajo a unas 400.000 personas, ante la escasez de materia prima para producir cerveza y el encarecimiento de los licores, que va de 400 a 500 %. Además se refirió con angustia a la posibilidad de que bajen su santamaría cuatro plantas de Polar: las de Caracas, Maracaibo, Aragua y Barcelona.
Entonces “le pusieron los grillos”, como suelen regodearse los jerarcas de un régimen que ha llevado la intolerancia hacia sus más despóticos extremos. Hoy, lunes, Roa será trasladado desde el Helicoide, para se presentado en los tribunales, quién sabe bajo qué cargos. Pero este no es, en ningún caso, un hecho aislado. Se ha vuelto sistemático asestarle el garrote del Sebin a quien se queje o discrepe de cuanto derive de una decisión, o de una falta de decisión por parte del Gobierno.
Ocurrió en abril, con Luis Vásquez Corro, tras alertar en las páginas de EL IMPULSO sobre el riesgo de paralización de las turbinas del Guri, si en los próximos días no llovía. No se trataba de ningún asomado, sino del presidente de Comisión Eléctrica del Colegio de Ingenieros del estado Lara, quien estaba haciendo referencia a un fenómeno atmosférico, pero igual se lo llevó el Sebin. Una serie de apagones producidos en los días posteriores parecía afanarse en darle la razón.
La desgracia también arropó a directivos de Farmatodo. Permanecieron 44 días en los calabozos del Sebin. Dormían en el piso, en los sótanos. A uno de ellos le sobrevino un infarto, y fue un compañero suyo quien lo auxilió. Los acusaban de fomentar las colas, de conspiración, boicot y desestabilización de la economía, sólo porque una de las cajeras se había separado de su puesto durante la inspección a una de sus 124 sucursales. El propio presidente Nicolás Maduro los expuso al desprecio en cadena de radio y televisión.
Y qué decir del acoso a los sindicalistas de Sidor, por la defensa de los derechos pisoteados en una industria que se ha venido a menos, y, asimismo, a causa de sus denuncias de actos de corrupción, que, eso sí, debe ser investigado. Otra vez el Sebin se encargó de ellos. Una suerte semejante corrió la pareja de médicos que prestó asistencia a unos manifestantes, aquí mismo, en Lomas de El Manzano. Les allanaron la granja en la que viven, todo por ser fieles a un juramento de carácter ético, el hipocrático, que los obliga a socorrer al enfermo, “evitando todo mal y toda injusticia”.
La lista es demasiado larga para estas líneas. Allí también está registrado el caso de Carlos Rosales, presidente de la Asociación de Clínicas Privadas de Venezuela. Un piquete de ocho efectivos del Sebin se lo llevó a rendir declaraciones, como “invitado”, tras abordar el tema tabú: la falta de insumos y la crisis, global e inocultable, que postra desde hace muchos años al área de la salud. Ahora, en las cárceles además de los presos políticos, castigados por sus opiniones, hay twiteros, señalados de instigación, de intimidación pública.
En cambio, adelantar que tomarán las calles si pierden la AN es una muestra de la ternura oficial. Advertir que las turbinas del Guri se paralizarían de no llover a tiempo es delito, aunque la naturaleza provea enseguida las evidencias. Pero que el Presidente mismo alarme a la nación al difundir por las redes sociales la versión de un supuesto alerta de tsunami que Protección Civil desmintió responsablemente el mismo día, eso en cambio, bajo este oscuro reino del absurdo, es salvaguardar la paz pública.
