El Comité de Derechos Humanos de la ONU pidió el jueves a Venezuela que respete la libertad de acción de los opositores políticos e investigue los presuntos casos de «amenazas y ataques» contra ellos y contra periodistas, activistas y abogados.
En sus observaciones sobre un informe presentado por Venezuela en junio «con siete años de retraso», el comité pidió garantías al gobierno del presidente Nicolás Maduro para que no tome medidas «que pudieran constituir intimidación, persecución, descalificación o una injerencia indebida» en la labor de estos colectivos.
Cuando faltan poco más de cuatro meses para las elecciones legislativas varias decenas de personas se encuentran encarceladas en el país por motivos políticos.
Entre los casos más conocidos a nivel internacional se encuentran el del líder radical Leopoldo López y el del exalcalde Daniel Ceballos, acusados de incitar a la violencia en las protestas antigubernamentales de 2014. El comité está «preocupado» por su situación, y recuerda a Caracas que sus detenciones fueron declaradas «arbitrarias» por la ONU.
El comité no sólo reclama «protección efectiva» para periodistas, defensores de los derechos humanos, activistas sociales y abogados, sino que pide investigaciones «prontas» e «imparciales» sobre las acusaciones de casos de «intimidación, amenazas y ataques».
Los 18 expertos de este comité denunciaron los presuntos «casos de uso excesivo y desproporcionado de la fuerza, tortura o malos tratos, detenciones arbitrarias» durante las manifestaciones de 2014.
De febrero a mayo de ese año, varias ciudades venezolanas fueron escenario de protestas contra la inseguridad, la inflación galopante y la escasez de alimentos y productos básicos, que dejaron 43 muertos, y centenares de heridos y de detenidos.
El comité lamenta que «hasta la fecha sólo se ha condenado a siete funcionarios» por estas presuntas violaciones de los derechos humanos.
En este sentido, el comité expresa su preocupación por la situación del poder judicial en Venezuela en lo referente a «la autonomía, independencia e imparcialidad».
Considera que hay pocos jueces titulares -«34%»-, lo que permite llevar a cabo nombramientos y remociones «de manera discrecional».
Concretamente, se preocupa por el caso de la jueza María Lourdes Afiuni, detenida en 2009 por supuesta corrupción en el ejercicio de su profesión. Los expertos piden a las autoridades venezolanas «un juicio justo» y que se investiguen «las alegaciones de malos tratos y agresión sexual que habría sufrido durante su detención».
El informe incluye un apartado sobre la libertad de expresión en el que hace hincapié en la conveniencia de «despenalizar la difamación» y otras medidas que criminaliza «a quienes ofendieren o irrespetaren al presidente y a otros funcionarios de alto rango».
La crispación política y social en Venezuela se encuentra en un punto álgido antes de las elecciones del 6 de diciembre, vistas por muchos como la prueba más difícil a la que se enfrentará Maduro, heredero del fallecido Hugo Chávez, en sus dos años de gobierno.
Según una encuesta de abril, el oficialismo perdería por primera vez desde 1999 la mayoría parlamentaria.
