Un cúmulo de irregularidades que apuntan a un proceso judicial viciado y determinado por fines políticos, persiste en la condena a ocho años de prisión que recibieron nueve oficiales de la Fuerza Aérea Nacional, acusados de participar en una supuesta conspiración para deponer al presidente Nicolás Maduro.
Así lo afirmó el hermano y abogado de una de las condenadas, la capitana Laided Salazar, odontóloga asimilada que prestaba servicio en la Escuela Técnica de la Aviación (Maracay) cuando en marzo de 2014 fue detenida y posteriormente acusada de participar en una serie de reuniones supuestamente lideradas por el general de División Oswaldo Antonio Hernández Sánchez.
La detención de Salazar, quien inicialmente fue retenida en la sede de la Dirección de Contra Inteligencia Militar, correspondió con las declaraciones emitidas por el Presidente de la República durante la cumbre de Cancilleres de Unasur, el 25 de marzo de 2014.
“Capturamos a tres generales de la Aviación que veníamos investigando gracias a la poderosa moral de nuestra Fuerza Armada. Pretendían alzar la Fuerza Aérea contra el Gobierno legítimamente constituido”, dijo, y los acusó de tener “vínculos directos con sectores de la oposición”.
Operación Jericó o «Golpe Azul», llamó el Gobierno a la supuesta conspiración.
Visita oficial
Uno de los datos más alarmantes que cuenta Carlos Salazar, hermano y abogado de Laided Salazar, hoy reclusa de Uribana, es que durante la fase de investigación personeros del Gobierno la instaron a que «delatara» a importantes figuras de la oposición a las que también acusaron de instigar las protestas que comenzaron el 12-F.
«Cuando mi hermana estuvo detenida en el DIM fue visitada por la ministra de la Defensa de ese momento, Carmen Menéndez, quien le presentó una serie de fotos entre las que estaba Leopoldo López, María Corina Machado, Lorenzo Mendoza y otras figuras de la oposición y le dijo: «Señala cuál de estos son los que colaboraron con ustedes, reflexiona, piensa en tu hijo», indicó el abogado, al precisar que esta visita ocurrió en junio del año pasado.
«Mi hermana respondió: «Si usted me quiere cortar la cabeza, córtela, pero yo no conozco a ninguna de esas personas». Paradójicamente, conoció a López, Escarano y Ceballos tiempo después porque los encerraron en el mismo edificio en Ramo Verde. Ellos estaban en el piso superior y ella abajo», acotó.
Igualmente, Salazar recordó que el general Hernández Sánchez fue visitado por el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, quien le hizo la misma oferta.
Pruebas «inventadas»
El abogado califica de pruebas “inventadas” los argumentos utilizados para declarar la culpabilidad de la capitana.
Salazar fue condenada específicamente por el testimonio de tres de los 66 testigos promovidos por la Fiscalía Militar, «quienes informaron que la referida oficial participó de manera activa en las reuniones lideradas por el general de División Oswaldo Antonio Hernández Sánchez, en las cuales preparaban atentar contra las instituciones. Además indican los testigos que la acusada manifestó contar con el apoyo de estudiantes universitarios de la región andina, central y capital por haber cursado estudios en la Universidad Central de Venezuela», señala el documento emanado del tribunal.
Sin embargo, insistió el abogado, las supuestas reuniones conspirativas «fueron unas parrilladas que hicieron en una casa, donde hablaron como cualquier ciudadano que se queja de la situación del país, porque los militares también son venezolanos». Además, «en el juicio jamás llamaron ni se presentó ni un estudiante universitario que confirmara semejante acusación», acotó Salazar.
El abogado califica como otra irregularidad el hecho de que inicialmente la fiscalía quería pasar las pruebas por su lectura, es decir, que se leyera la declaración de los testigos tomada previamente por el Ministerio Público, pero sin que éstos declararan en el juicio. Por insistencia de la defensa fueron conducidos al tribunal, donde corroboraron su acusación pero negaron haber sido «instigados» por Salazar, condenada precisamente por instigación a la rebelión.
Cabe destacar, «estos oficiales son militares con un expediente negro, uno de ellos tienen incluso una causa penal abierta por intento de homicidio», afirmó el hermano y abogado de la capitán Salazar. Llama la atención que los testigos estrella no fueron procesados a pesar de haber confesado que estuvieron presentes en las «reuniones conspirativas».
