La edición 393 de la revista SIC –editada por el Centro Gumilla-, correspondiente a marzo de 1977, reseñaba los planteamientos de Juan Pablo Pérez Alfonso que eran recogidos en un libro de conversaciones con Iván Loscher, en los que claramente señalaba problemas de fondo sobre el modelo de desarrollo en Venezuela. Hace tres décadas, en pleno boom petrolero, esta voz crítica cuestionaba la ausencia de políticas sostenidas para enfrentar la desnutrición y la baja calidad educativa en el sistema público. A su juicio, la combinación de ambos factores, constituirían una pesada hipoteca para la vida nacional. El libro, titulado “Alternativas”, se hizo a dos voces, en largas conversaciones entre Loscher y Pérez Alfonso, durante el año 1976.
Se alertaba en aquel momento, y también lo recogía SIC, sobre la “indigestión económica” que vivía Venezuela, pues era el tiempo que –como hasta hace poco- se batían récords en la importación de añejados escoceses y la sociedad vivía una fiesta de consumo sin preguntarse sobre el origen de tal bonanza, y menos aún sobre la relación de ésta con el esfuerzo y trabajo del colectivo. Para Pérez Alfonso, la opción para Venezuela era constituir un modelo socialista, pero sin dogmas y con plenas libertades civiles, poniendo especial énfasis en la libertad de expresión e información. Para quien se considera el padre de la OPEP, era claro que tal proceso de transformación social no podía recaer en vanguardias esclarecidas que se asumieran como intérpretes de la voluntad popular.
En otro mes de marzo, pero hace 18 años, la edición 592 de la revista SIC daba cuenta de un anuncio que se esperaba trajera cambios de fondo en el sistema carcelario nacional. En 1997 se cerró el tristemente célebre retén de Catia. Ese centro de reclusión fue escenario, el 27 de noviembre de 1992, de una de las peores matanzas rejas adentro, pues fueron asesinados más de 60 detenidos, en momentos en que la atención pública miraba los sucesos que rodearon al intento fallido de un segundo golpe militar en ese año. Cerca de 2000 reclusos fueron reubicados, a raíz del cierre del retén de Catia, y el gobierno de Rafael Caldera presentaba esta clausura como el inicio de una política carcelaria que humanizaría y mejoraría las condiciones de reclusión de las personas privadas de su libertad. Nada de ello ocurrió, y sigue siendo una gran deuda del Estado venezolano, ayer y hoy, el diseño y aplicación de una política que tenga como bandera la dignidad humana de los presos.
En tanto, en marzo de 2002, la edición 642 de SIC recogía la preocupación de los académicos Margarita López Maya y Luis Lander por el deterioro político que atravesaba al país, y que había tenido un punto de clímax tras la aprobación de 49 leyes a través de poderes especiales por parte del presidente Hugo Chávez. Si bien estas leyes se aprobaron a fines de 2001, resultó evidente que marcaron un punto de quiebre en nuestra sociedad. El gobierno cometió un evidente error político al no propiciar un debate público sobre el contenido de estos instrumentos jurídicos, teniendo en cuenta de que representaban un giro institucional importante. Por otro parte, pese a que la oposición desde fines de 2001 había logrado catalizar movilizaciones masivas de protesta (mientras que los seguidores del proceso bolivariano hacían lo propio), resultaba evidente la desarticulación y dispersión, la ausencia de un programa mínimo común más allá de las consignas y, especialmente, era palpable un vacío notorio en el liderazgo opositor. Eran días de extrema polarización política y la opción de un golpe de Estado, como salida a la crisis, parecía instalado en el ambiente nacional.
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