El CNE prestó apoyo técnico y logístico para la realización de las primarias, tanto de la MUD como del PSUV.
Esto quiere decir que, para apelar a un símil deportivo, el árbitro electoral pudo conocer, antes del juego, las condiciones e intimidades de cada equipo, sus fortalezas, sus puntos débiles, el desempeño de sus fichas claves, durante la preparación en sus propios campos de entrenamiento.
Era una información privilegiada, una medición previa, real, mucho más reveladora que cualquier encuesta. Los datos arrojados por ambos procesos internos permitían anticipar posibles escenarios de cara al 6D, detectar, por citar un ejemplo nada inocente, los circuitos electorales en los cuales el Gobierno no encara peligro de perder, y aquellos donde sí.
Todo se podía mantener en reserva, pero la misma noche de las primarias del PSUV quedó bien claro que la revolución iba a tener que hacer algo, o mucho. El vacío de pueblo fue aplastante. Sólo ese día no hubo colas. Por calles y veredas deambulaba una mudez con el tufo del cansancio, de hartura colectiva. Ya para esa fecha, por primera vez en 16 años la oposición superaba en adhesión al Gobierno, por un margen tan descomunal como de 20 puntos.
La revolución, prepotente y confiada en sus bellaquerías, tardó en asimilarlo. No fue sino en la madrugada cuando alcanzó a junta fuerzas para simular una fiesta marchita, sin la avasallante euforia de otros tiempos.
Es lo que explica las medidas sobrevenidas del CNE y las desesperadas degollinas ordenadas por la Contraloría. Se proclama la paridad de género por un lado y por el otro se le monta una nueva bajeza legal a María Corina Machado, mujer que ha sido objeto de todas las agresiones imaginables, incluyendo las físicas, imputaciones, destitución del cargo para el cual fue electa, acoso a su familia, grabaciones ilícitas, prohibición de salida del país. Ahora la inhabilitan con el ridículo pretexto de que en su declaración patrimonial, como diputada, no anotó el goce del cestaticket, beneficio que, asegura, jamás recibió.
Igual suerte corren Manuel Rosales, Daniel Ceballos, Enzo Scarano y Pablo Pérez. Hacía falta, por lo visto, una cirugía mayor, un acto de piratería electoral, en desconocimiento de que, según consagra la Constitución, sólo mediante la sentencia de un juez penal puede darse la suspensión de los derechos políticos. La inhabilitación política es una pena accesoria a la de la privación de libertad. La facultad que la ley concede al Contralor es de naturaleza estrictamente administrativa, no política.
Pero el objetivo supremo es el de evitar, sin que importen los medios, ni el tamaño del descaro, un revés electoral cuya proximidad y carácter abrumador no toleran los desplantes autocráticos de un régimen que se asume eterno. Así, y sólo así, el Ejecutivo podrá seguir contando con un parlamento que no debate ni controla. Tampoco legisla, porque le delega esa elemental función en el Presidente, al dotarlo continuamente de poderes extraordinarios.
¿Qué hacer, entonces? ¿Acaso cantar fraude y llamar a la abstención? Sería caer, mansamente, en la trampa. La estrategia oficial al desacreditar al árbitro es desalentar el uso del arma ciudadana que el voto representa, fomentar el desánimo, la desesperanza, la convicción de que es poco o nada cuanto se puede lograr. Eso equipararía las fuerzas. La postración roja versus la postración tricolor.
Si desde el Gobierno se apela a argucias tan reprochables, es porque están al tanto de una realidad que se les vuelve adversa. Se lo recuerdan a diario el irritado rumor de la calle y los partes de su sala situacional. El principal ejercicio del Gobierno no es gobernar sino alargar los impunes placeres que depara sostenerse en el poder. Y el peor y más imperdonable dislate de los demócratas en la hora actual sería no defender su propia verdad con todas las fuerzas que manan de la razón, con decisión inquebrantable, hasta alentar un vendaval de votos capaz de arrasar con todos los obstáculos que la argucia y la perversidad tiendan a su paso.
