Vivienda y propiedad. Dos derechos que configuran dos bases fundamentales para la tranquilidad, crecimiento y calidad de vida en cualquier sociedad, pero que pareciera en Venezuela, avanzar con desigual interés y garantías por parte del actual gobierno, en términos de su protección y promoción.
El acceso a una vivienda digna para vivir es un derecho constitucional. El Artículo 82 de la Carta Magna así lo establece, indicando además que “la satisfacción progresiva de este derecho es obligación compartida entre los ciudadanos y ciudadanas y el Estado en todos sus ámbitos”. El déficit habitacional en Venezuela es ya estructural, y los esfuerzos del Ejecutivo Nacional, lucen infructuosos e insuficientes, concentrados solo en la Misión Vivienda, cuyo avance efectivo es de difícil constatación, en medio de la mezcla de opacidad, propaganda y poca transparencia en las cifras que dan cuenta de sus metas y resultados reales. Los pobres resultados de dicho esfuerzo oficial, tienen que ver sin duda, entre otros factores, al enfrentamiento del gobierno con la empresa privada, cuya presencia es vital y necesaria para poder avanzar exitosamente en la construcción de viviendas y soluciones habitacionales, con la planificación urbana, la provisión de servicios de toda índole y la previsión del crecimiento de nuestras ciudades. Ha podido más hasta ahora, la obsesión y encasillamiento en delirios ideológicos, que la sensatez y visión de Estado en esta materia.
Pero la propiedad, ha sido por su parte atacada, disminuida y pisoteada, por una “revolución” que piensa, erróneamente, que con su sólo concurso puede mágicamente “decretar” la resolución de todos los problemas del país. Parte del nefasto “legado” de Hugo Chávez, tiene que ver con los ataques a la propiedad privada en sus diversas esferas: expropiaciones, ocupaciones ilegales, gazapos legales que legitiman el robo y decomiso de activos, propiedades y mercancías, persecución de empresarios y propietarios, desequilibrios jurídicos grotescos en la legislación inmobiliaria y de arredramientos comerciales y residenciales entre otros.
La retórica de Chávez, navegó siempre en las aguas de la paradoja, al justificar el incumplimiento de las leyes, o relativizar, casi hasta hacerlo innecesario, su cumplimiento. De esa travesía verbal, minimizando lo delictual, llegamos al actual naufragio de impunidad y caos, donde ladrones mejor apertrechados persiguen a policías, colectivos dictan letra a guardias y autoridades, e invasores parecen tener preferencia ante dueños o propietarios.
Detrás de las invasiones a terrenos o inmuebles hay una madeja de intereses, necesidades, motivaciones y complicidades, donde la violación del derecho de propiedad se pretende justificar desde la necesidad o urgencia de tener una vivienda. La cercanía a un evento comicial, sirve de “garantía” de que no habrá castigo o desocupación.
El cambio que muchos anhelan, como superación de la actual situación política y económica, pasa por un pacto social, una sumatoria de esfuerzos y voluntades donde el respeto, la Ley, la convivencia y el diálogo retomen los espacios de los cuales la intolerancia los ha sacado.
@alexeiguerra
