Hace exactamente 18 años, la edición 596 de la revista SIC que edita el Centro Gumilla, correspondiente a julio de 1997, recogía en un recuadro, de última hora, la noticia que acababa de llegar a la redacción de la revista: había muerto el padre Luis María Olaso SJ. Inquieto personaje que se movió, inicialmente en las aguas netamente académicas y espirituales, es recordado como animador y ejemplo del movimiento de derechos humanos en Venezuela. Tuvo relevancia pública, pues ocupó la Dirección de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la República, y desde esa instancia del Estado supo acompañar a muchas víctimas y con voz clara asentar denuncias de atropellos y excesos.
El padre Olaso estuvo, con su particular estilo, en cuanta causa hubo en el país para velar por los derechos humanos bien sea de presos, de enfermos o de indígenas. En cada momento resaltó su integridad, su tesón y gallardía. Se lamentaba su muerte por partida doble: como una baja sensible para la promoción de los principios y valores, dada su condición de voz autorizada en el país; pero al mismo tiempo reflejaba la pérdida que representaba dentro de la propia comunidad de los jesuitas en Venezuela.
Hace quince años, en la edición 626 de SIC de julio de 2000, se alertaba sobre la agresión que sufrieron periodistas en las puertas del Consejo Nacional Electoral. Se trataba, visto a la distancia, de la primera señal –inequívoca por lo demás- del tiempo de violencia que se agudizaría contra medios y periodistas en el período 2002-2004, en el clímax de la polarización y confrontación política. Ante aquel primer suceso, preludio de tantos excesos la mayoría impunes, se levantó una oleada de rechazo. Así se produjo una manifestación de periodistas, estudiantes y profesionales de los medios que pidieron respeto para quienes ejercían en el país la función de informar.
Ni ese suceso, que tuvo lugar a la vista de múltiples funcionarios de seguridad pública, ni los que siguieron en los años siguientes, recibieron la condena de forma enérgica por las altas autoridades del país.
Por otra parte, 38 años atrás, en la edición 397 de SIC, se relataba con indignación dos hechos que a las claras reflejaban cómo la corrupción había penetrado en el Estado venezolano. José Muci Abraham había renunciado como Contralor General de la República, al verse atado de manos para actuar contra los altos funcionarios del primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, muchos de ellos señalados de ilícitos en el manejo de los fondos nacionales. El país vivía una suerte de ilusión, gracias a los petrodólares, y así el discurso anticorrupción no sólo era desoído en el alto gobierno: tampoco provocaba la indignación ciudadana.
La renuncia de Muci Abraham fue seguida de la destitución del coronel Oscar Álvarez Beria como Superintendente de Protección al Consumidor. El coronel había realizado una serie de denuncias sobre cómo desde el Ministerio de Fomento, con el boom de las importaciones, se estaba beneficiando a algunos empresarios. Entre los señalados por Álvarez Beria estaba Gustavo Cisneros, entonces propietario de la cadena de supermercados CADA. Para que no quedaran dudas de la lógica gubernamental, que prevalecía entonces, el coronel que hizo la denuncia fue destituido de forma fulminante, y al mismo tiempo regresaron a sus cargos en el entonces Ministerio de Fomento cuatro funcionarios que estaban siendo acusados de corrupción administrativa. SIC condenó enfáticamente estos hechos y alertó sobre una corrupción que entonces podría actuar de forma desmedida.
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