Por más que la ordenación jurídica haya fijado una serie de derechos inalienables e intransferibles a los ciudadanos, pareciendo la Constitución desde su preámbulo una especie de “Dorado Republicano” que los venezolanos anhelan conseguir, las clases políticas desde la promulgación de la primera Constitución en 1811 han puesto cualquier tipo de excusa para su incumplimiento, dejando a las próximas generaciones, un país a la mitad del camino: endeudado y con proyectos sin terminar.
Sí en diferentes momentos históricos, entre asambleas constituyentes, reformas y enmiendas la Constitución ha sido diseñada para ser el proyecto de país acordado por diferentes generaciones, entonces ¿por qué las clases políticas se resisten en ejecutar las normas establecidas en la estructura jurídica nacional, llevando a la población a situaciones extremas como la que vivimos actualmente?
Detallemos a continuación las razones. Observamos que el modelo populista venezolano -adoptado por los partidos políticos- lleva a cabo prácticas políticas que utilizan las necesidades y problemas de la población como insumo para su permanencia en el poder y el diseño de su eterna oferta electoral.
Por eso es que los gobiernos no van a resolver ni atender los problemas estructuralmente: porque sería llevar al país a otro nivel de desarrollo y a la propia desaparición de estos en el espectro político. Es la misma razón por la cual proyectos nacionales como el Sistema Hidráulico Yacambú-Quíbor no han sido culminados, ya que la ejecución del mismo le daría un tremendo impulso a la región larense y a la zona Centroccidental del país: este proyecto consolidado incorporaría en su totalidad 40.000 hectáreas para el cultivo de diferentes rubros alimenticios vegetal y animal, lo cual generaría 100.000 empleos entre directos e indirectos. Esto llevaría a Lara al primer sitial agrícola del país.
Por otra parte, se resolvería el problema de agua para consumo humano en el estado y se minimizaría los casos por enfermedades endémicas relacionados con la escasez del vital líquido. Pero hay más, porque este proyecto de desarrollo reimpulsaría a Lara como un centro de poder; situación que las elites gobernantes en el nivel nacional no estarían dispuestas a permitir: este modelo de gobierno practica la centralización por encima del bienestar de la población y el Proyecto Yacambú-Quíbor representaría para ellos la dispersión del poder, lo cual no forma parte de sus planes políticos en el mediano y el largo plazo.
Las razones del Estado contra el Ciudadano, son esas también que justifican la estatización de las empresas y con ello el quiebre de la producción y el aumento del desempleo. Y en nombre de todo esto, fundamentar todas las misiones que sean posibles para enrolar a estos desempleados y otorgarles la tarea de la movilización en masa a las convocatorias de la “patria”. Son muchas más las razones, de un Estado plenipotenciario con derecho al uso ilegítimo de la fuerza, asociado a clases políticas y económicas parasitarias en contra de unos ciudadanos sacudidos por la realidad, pero dispuestos al cambio institucional. Los distintos eventos ocurridos, dan señales de mayor claridad.
