El gobierno de Colombia está dispuesto a poner en marcha un cese al fuego con la guerrilla de las FARC, siempre que sea bilateral, aunque no se descarta la posibilidad de romper las negociaciones con los insurgentes dijo el jefe de la delegación del gobierno colombiano en las pláticas de paz, Humberto de La Calle, según una entrevista divulgada el domingo.
«Estamos dispuestos a aceptar un cese del fuego, aun antes de la firma del acuerdo, en la medida que sea serio, bilateral, definitivo y verificable», sostuvo De la Calle en un diálogo publicado por los principales medios colombianos.
Aunque el presidente Juan Manuel Santos había condicionado el cese bilateral de la contienda a la rúbrica definitiva del acuerdo de paz, De La Calle dijo que la postura había «cambiado» y puede darse antes si las FARC «asumen su responsabilidad en materia judicial» y se someten a la «verificación nacional e internacional».
Sin embargo, el jefe de la delegación oficial reconoció crudamente que «el proceso de paz está en el peor momento desde que iniciamos las conversaciones» debido al escalamiento de las acciones de las FARC, en las cuales han muerto soldados y la infraestructura petrolera y energética del país ha sufrido actos de sabotaje.
«Sí quiero decirles a las FARC con toda seriedad: esto (el proceso de paz) se puede acabar. Algún día es probable que no nos encuentren en la mesa de La Habana», advirtió De la Calle.
El funcionario explicó que el procesamiento judicial de los rebeldes sigue siendo uno de los asuntos que retrasa la negociación que inició en noviembre de 2012 en Cuba, pero se mostró esperanzado de que las partes sean «capaces de recuperar la serenidad».
En otras ocasiones el presidente Santos ha pedido a los negociadores que se acelere el proceso, ello temiendo que la «paciencia» de la opinión pública se agote. Según las últimas encuestas los ciudadanos están divididos entre quienes respaldan la mesa en La Habana y quienes piden desmontarla y enfrentar militarmente a las FARC.
Los rebeldes y el gobierno han alcanzado acuerdos parciales sobre asuntos agrarios, participación política y lucha contra el narcotráfico. A la fecha, discuten uno de los seis puntos de la agenda más espinosos: la reparación de las víctimas del conflicto.
