En torno a la manera como se desarrolla la conflictividad promovida por los gremios universitarios que discuten la II Contratación Colectiva del sector, se formulan diversas apreciaciones.”Todo es perceptual”, se asienta como premisa dentro de la revolución cognoscitiva que acompaña el inicio de este siglo.
Las acciones que se planifican y los resultados que van arrojando parecen no corresponderse con las expectativas de los diferentes actores que están involucrados en el juego de intereses y relaciones de poder que están presentes en situaciones de esta naturaleza, cuando del análisis político se trata.
El protagonismo está latente y compartirlo, ya es parte del reconocimiento de quienes están sentados en la mesa de conversaciones o de negociaciones, para ser más exacto. La heterogeneidad y el radicalismo a ella asociada, en el espectro de los convocados, ya habla de la singularidad por la cual transita la búsqueda de acuerdos.
Más allá de la idea de que todos somos trabajadores de la educación superior, se entiende que dentro de ese espíritu de unidad, equivalente al “todos somos universidad” particularizada en cada institución, es imprescindible admitir las diversidad representada por las características que definen a la Academia, aspecto medular en el debate. Al momento de reivindicar la condición de proletarios, suele ignorarse en la defensa que se hace de una reivindicación justa, igualitaria y equitativa, al lado de la defensa de un trabajo digno y el salario correspondiente, otro postulado marxista no menos importante: ¡A cada quien según sus necesidades, a cada quien según sus capacidades!.
Otro aspecto discriminatorio que reaparece en la negociación es la situación de los profesores, empleados y obreros en situación de jubilados. Cuyos derechos son equivalentes a los de quienes están en situación de activos. No obstante, la dirigencia gremial suele colocarse de espaldas a la ética, la moral y los principios sindicales que deben guiar la representación que ejerce. En épocas anteriores, cuando las discusiones giraban alrededor de las denominadas Normas de Homologación, este tipo de cláusula era cuestión de honor. Hoy, como reivindicación y como derecho no puede ser menoscabado con la anuencia gremial.
No menos relevante es la estrategia planteada. Se repite el mismo formato. No hay unidad de criterios en el plan de acciones que como medidas de presión ha debido seguirse. La anarquía es evidente. Otrora, la FAPUV lideraba e incluso cuando las condiciones políticas así lo exigieron, tendimos puente hacia la FAPICUV. Hoy en el seno de aquella, se adoptan medidas particulares de presión que no tienen resonancia nacional. La APUCV, acordó el 30/ 06/ 2015, entre otras decisiones de la Asamblea: “Levantar la media jornada de trabajo como acción conflictiva, dadas las dificultades para su implementación”.
Parafraseando a Einstein: “No podemos resolver los problemas recurrentes con las mismas ideas si lo que buscamos son resultados diferentes”.
El debilitamiento institucional del país es evidente. El proceso de negociación ha debido iniciarse y desarrollarse sin medidas de paralización de actividades. Sin descartarla, pero con un anuncio distinto. Dando un ejemplo diferente, sin perjudicar al sector estudiantil, sin desconocer sus intereses. ¿A futuro, una oposición en el gobierno que puede esperar de una negociación similar, con actores del gobierno en la oposición? Es el drama institucional.
