El proceso de industrialización en Venezuela, como en la mayoría de los países de América Latina, comenzó a tomar forma una vez concluida la Segunda Guerra Mundial. Se fundamentó en una política ampliamente difundida en el continente: la sustitución de importaciones, para lo cual se recurrió a un modelo de crecimiento hacia adentro, mediante un sistema de controles sobre las importaciones y restricciones arancelarias que garantizaban a la incipiente industria nacional los mercados internos.
Esta política proteccionista y sustitutiva no permitió el desarrollo de un proceso industrializador diversificado, sostenido y eficiente. La propia Cepal, propiciadora del modelo, lo reconocería cuando al referirse a los años de su instrumentación, las llamó “décadas perdidas”.
A partir de los años ‘80, el modelo intenta virar hacia las tendencias “postfordistas”, sustentadas sobre un nuevo paradigma tecnológico, distinto al prevaleciente en los últimos cincuenta años, y hacia una economía de crecimiento hacia afuera.
En Venezuela, los intentos industrializadores, generalmente se vieron supeditados por las políticas instrumentadas alrededor de los recursos obtenidos de la renta petrolera. El Estado diseñaba las políticas económicas que permitieran manejar los desequilibrios propios del ciclo gen rado por los precios del petróleo en los mer ados internacionales. A pesar de ello, de acuerdo a las cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y del BCV, para 1998, año previo al arribo al poder de Hugo Chávez, operaban en el país cerca de 12.000 entidades industriales que generaban empleo directo a medio millón de personas, y la manufactura en su conjunto representaba 17, 3% del PIB.
La industria y el modelo estatista
La llegada del Gobierno del llamado socialismo del siglo XXI significó trasladar el trasfondo ideológico de las políticas económicas gubernamentales, basadas durante largo tiempo en el keynesianismo, por un nuevo criterio de pensamiento basado en el total control del Estado en la actividad económica y en una apuesta casi absoluta en la generación de divisas provenientes de la renta petrolera.
En la medida en que los recursos petroleros lo permitieron, la dinámica económica se ha sustentado en la acción del Estado gastando y redistribuyendo, estimulando el consumo y la demanda. A mayor ingreso petrolero, mayor dispendio fiscal y mayor actividad controladora, y reguladora de manera discrecional. El Estado, divorciado por completo de gestiones que privilegien el uso eficaz de los recursos, ha aplicado recetas diseñadas para enfrentar situaciones coyunturales, en remedios de aplicación permanente que han generado una inflación galopante y un desmantelamiento de la actividad productora.
Así, en la medida en que el Estado ha crecido de manera amorfa, apoderándose de cualquier actividad económica en el país (la cual incluye el área comunicacional), lo ha hecho también su ineficiencia, propiciando una economía de demanda y redistribución, a expensas de la oferta y la producción. Los productores, inversionistas, generadores de empleo, han sido excluidos o se han marginado del ámbito productivo por la asfixia generada por el estatismo agobiante. Esta práctica estatista se manifiesta después de 16 años en la pérdida de la mitad del parque industrial, en la fuga de capitales, escasez, incremento de las importaciones, alta tasa de inflación, desempleo, una caída brutal del ingreso real y de la calidad de vida.
Para el tercer trimestre del 2014, la producción manufacturera representaba sólo 13,8% de la economía (BCV). Según revela la Encuesta de Coyuntura de la Confederación de Industriales (Conindustria) del primer trimestre del 2015, el plantel industrial del país opera en promedio al 50% de su capacidad instalada, de manera que la generación de empleo industrial está prácticamente estancada.
¿Reindustrializar?
En el recientemente celebrado 41 Congreso Anual de Conindustria se propuso la reindustrialización del país como una meta a lograr para el 2025. Ello supone un cambio de rumbo, que pasa por la modificación del modelo político interventor y controlador en otro que modifique el esquema rentista y propicie una economía diversificada y productiva. Seguramente esta materialización requerirá un proceso de Reconversión Industrial, tema que abordaremos en una futura entrega.
Es importante conocer las propuestas que en este sentido puedan adelantar los aspirantes a producir este indispensable viraje en la conducción del país. Pero, tengamos en cuenta que el desarrollo económico no se rige por milagros ni por recetas providenciales, tampoco sirven las peroratas altisonantes de algún líder autoproclamado como mesías salvador.
El crecimiento de la actividad industrial supone un complejo proceso social que implica mayor acumulación de capital, inversiones nacionales e internacionales, avances en la creación de ciencia y tecnología y su posterior aplicación a los procesos productivos, un sólido y moderno sistema educativo enfocado en la capacitación de la fuerza de trabajo, la generación y aplicación de novedosos sistemas de gestión y la organización de los trabajadores. Ello permitiría a la economía entrar en una fase de expansión, creadora de riqueza y progreso.
