Gran parte de los analistas políticos venezolanos coinciden en afirmar que las próximas elecciones parlamentarias del seis de diciembre son decisivas para el futuro de la democracia venezolana, incluso algunos consideran que constituyen la última oportunidad para rescatar la democracia.
A nuestro juicio, las parlamentarias constituyen un proceso crucial para el sistema político venezolano, pero tampoco tienen un sentido apocalíptico.
En política nada es definitivo y mucho menos el control del poder. Actualmente, las encuestadoras más serias otorgan a la oposición entre 20 y 25% de ventaja frente al oficialismo. Esto implica la configuración de un escenario para enero de 2016, cuando la oposición podría obtener al menos la mayoría simple en la Asamblea Nacional. A continuación examinaremos las consecuencias que esto traería al sistema político:
En primer lugar, hace mucho tiempo la Asamblea dejó de cumplir las funciones propias de un parlamento, es decir, legislar y controlar a los poderes públicos. Se ha hecho costumbre (casi inveterada) del chavismo, legislar vía Ley Habilitante. En consecuencia, si la oposición gana al menos la mayoría simple (alrededor de 84 diputados), puede restituir sus funciones constitucionales: investigar, interpelar e incluso establecer responsabilidades políticas de los funcionarios públicos y, a la vez, comenzar a ejercer mayor control en la discusión del presupuesto nacional y más aún de la autorización de créditos adicionales, lo cual tendría un impacto directo en la economía.
Además, el establecimiento de una agenda legislativa distinta a los intereses del partido de Gobierno sería un cambio cuantitativo importante en la dinámica política. La Mesa de la Unidad Democrática no ha profundizado hasta ahora acerca de los alcances de su agenda legislativa para el período 2016–2021, pero algunos de sus voceros han señalado que sus prioridades son la reinstitucionalización del país y una Ley de Amnistía y Reconciliación Política.
Ahora bien, vale la pena reflexionar acerca de lo que significa la reinstitucionalización. ¿Acaso esto significa la renovación del poder ciudadano? (la vinculante jurisprudencia del Tribunal Supremo legaliza la mayoría simple para la elección de sus miembros). En cuanto a la Ley de Amnistía, estamos hablando de un primer paso hacia la reconciliación política del país.
En segunda instancia, y más allá del cumplimiento de sus funciones constitucionales se encuentra el tema esencialmente político, y lo que implicaría en términos simbólicos para el Gobierno que la oposición domine la Asamblea Nacional. Este sería un escenario inédito en el cual el Gobierno tiene dos opciones: ir hacia la radicalización (esto incluye la conocida vía de la Ley Habilitante y la judicialización de la política para restarle diputados a la oposición), o bien comenzar un lento proceso de negociación y conviencia con el adversario, hasta ahora inédito en el proceder del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
De acuerdo a lo que ha sido el ejercicio del poder por parte del Gobierno, el escenario de la radicalización sería el más probable.
Sin embargo, todavía hay que sacar otra cuenta: ¿Por cuánto tiempo más le resultará al oficialismo radicalizarse con un país masivamente en contra? ¿El Gobierno es tan monolítico como para que todos sus partidarios cierren filas alrededor de esta estrategia? ¿Tiene todavía Maduro capacidad de maniobra dentro del chavismo, siendo un Presidente tan impopular para imponer la radicalización?
Finalmente, es importante resaltar que una victoria opositora no cambiará radicalmente el escenario político de manera inmediata. Los candidatos de la Mesa de la Unidad no pueden alimentar falsas expectativas durante la campaña. Incluso ganando, la realidad de los hechos podía desmovilizar a sus simpatizantes en el futuro inmediato y no cobrar la victoria lograda. Es necesario que el electorado comprenda que una victoria constituiría un primerpaso para alcanzar las condiciones políticas que allanen los caminos para el surgimiento de diversas opciones constitucionales que favorezcan una transición, esto es, el inicio del control político de los poderes públicos, en especial de la Presidencia de la República, que hasta ahora ejerce un poder omnímodo, así como de la exploración de otras vías que requieren de un laborioso trabajo político como es el caso de la activación del referendo revocatorio.
