Aliado estratégico de Venezuela en la región, el gobierno izquierdista de Dilma Rousseff observa con cautela la situación política del país caribeño, y guarda un silencio «inexplicable» para la oposición en Brasil, que aprovecha su pasividad para montarle otro frente de batalla.
«Quien calla consiente. El silencio de Brasil es vergonzoso e inmoral» porque la prisión de opositores en Venezuela es «una cuestión humanitaria», lanzó esta semana Aécio Neves, quien perdió la presidencia de Brasil frente a Rousseff por apenas 3% el año pasado.
Venezuela atraviesa un período de turbulencias, con políticos y estudiantes contrarios al gobierno de Nicolás Maduro encarcelados, en medio de una abrupta caída de ingresos petroleros y descontento popular por una disparada de la inflación y escasez de productos básicos.
Liderado por Neves, un grupo de senadores brasileños de la oposición y de la base aliada del gobierno viajó la semana pasada a Caracas para pedir la liberación de los opositores.
Los parlamentarios pretendían visitar en prisión al líder radical Leopoldo López. Pero la comitiva brasileña no pudo llegar a la cárcel debido a protestas pro-chavistas que cortaron su paso y a manifestantes que agredieron la camioneta en la que viajaban.
El episodio fue el mechero que encendió el debate y colocó nuevamente al gobierno de Rousseff en el banquillo: ¿Por qué no condena las detenciones en Venezuela?
¿Conveniencias?
«El cálculo estratégico de Brasil está preso a esta lectura: tiene una alianza estratégica con Venezuela en América del Sur y debe tener cuidado con las posiciones que adopta», dijo a la AFP Thiago Gehre Galvao, doctor en Relaciones Internacionales de la Universidad de Brasilia. Pero «el silencio no significa despreocupación», apunta. Brasil «tiene una visión sistémica de la región y sabe que cualquier tipo de problema en el vecindario le va a afectar», agrega.
Rousseff llegó a manifestar en una entrevista a CNN en abril su deseo de que Venezuela libere a los políticos presos, pero en ningún pasaje criticó explícitamente al gobierno de Nicolás Maduro. En un diálogo más reciente con la televisión alemana, volvió a defender su intención de permanecer al margen: «En Brasil no somos golpistas. No estamos a favor de interferencias e intervenciones en países hermanos».
Esa afirmación le valió reclamos sobre la postura que adoptó Brasil cuando el expresidente de Paraguay Fernando Lugo (2008-2012), también de izquierda, fue destituido de forma sumaria por el Congreso.
En represalia, Argentina, Brasil y Uruguay suspendieron temporalmente a Paraguay del Mercosur y aprovecharon su ausencia para incluir a Venezuela en el bloque regional, una decisión a la que Paraguay se oponía.
«En ese caso, hicieron valer la cláusula democrática del Mercosur y Brasil dio las espaldas a Paraguay por varios meses», consideró la economista Miriam Leitao en una columna del diario O Globo. «Ahora, el mismo gobierno considera como una interferencia indebida exigir respeto a las libertades individuales de líderes opositores y a la libertad de prensa en Venezuela», agregó.
Visitas diferentes
La cancillería brasileña señaló que pediría explicaciones a Caracas sobre los «actos hostiles» sufridos por los legisladores brasileños durante su viaje. Pero las reacciones no pasaron de allí, tanto del lado brasileño como del venezolano.
«Hubo un incidente diplomático muy serio, y nuestra respuesta fue muy tímida», dijo a la AFP Rubens Barbosa, que fue embajador brasileño en Londres y Washington entre 1994 y 2004.
En circunstancias «normales», asegura, Brasil habría llamado a consultas a su embajador en Caracas. Pero el país se relaciona con Venezuela en base a «una visión ideológica de afinidad con el gobierno», lamentó.
Este jueves, otra comitiva de legisladores brasileños, esta vez oficialistas, viajó a Venezuela para reunirse con representantes del gobierno, de la oposición, y con las esposas de los líderes encarcelados.
«Nuestro viaje fue sufrido. Ellos ahora surfean una ola preparada», ironizó uno de los senadores de la oposición, que denunció un «tratamiento VIP» a la comitiva oficialista.
