El intento de desalojo que se produjo contra más de 60 familias de la comunidad Santísima Trinidad por los presuntos dueños de un lote de terreno en Cabudare, el cual custodiaban, propició que este grupo de personas, en señal de protesta, cerrara la mañana de este martes la avenida Intercomunal Barquisimeto – Acarigua, a la altura de la urbanización Villa Roca, en el municipio Palavecino.
Hecho que ocasionó grandes molestias a los usuarios de esta importante arteria vial, principalmente conductores del transporte público y de carga pesada, quienes quedaron atrapados en medio del congestionamiento por un lapso de más de cuatro horas.
Dennys Orozco (24), vocera, informó que desde hace un año los vecinos de la comunidad antes mencionada resguardan un terreno que mide aproximadamente 6.788 metros cuadrados, el cual estuvo abandonado por mucho tiempo. Se estima que fueron más de 50 años.
El mismo está ubicado en la Intercomunal Barquisimeto – Acarigua, calle Aquilino Juares entre calles 1 y 2 de los Rastrojos. Al lado del complejo habitacional Bicentenario.
La entrevistada explicó que no se tratan de invasores ya que no han habitado los terrenos, sin embargo, están a la espera de la construcción de un proyecto habitacional que, presuntamente, fue aprobado por el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (Banavih).
El problema
Según Orozco, esas tierras pertenecen a Belkis María Reyes de Burgos y a Oscar Jesús Chirinos. Los vecinos presumen que la dama es familiar del presidente de Corpolara, Luis Reyes Reyes.
Al parecer, ambos propietarios han implementado diversas acciones para desalojar al grupo de personas que custodia la parcela día y noche.
“Han hecho infinidad de cosas para sacarnos y hasta ahora no lo han logrado. El jueves pasado el fiscal Willian Bracamonte, nos indicó que debíamos abandonar el lugar porque allí se desarrollará un centro comercial y un autolavado de vehículos, hecho que por supuesto rechazamos.”
Ayer, en horas de la madrugada, irrumpió de manera inesperada una maquinaria que derribó el portón que está en la entrada del terreno. Seguidamente, nos fue entregada por parte de un ingeniero de apellido Sosa, una orden de desalojo, firmada por el juez de control Saúl Alberto Parra, con fecha del 11 de mayo de 2015 y también la descartamos”, dijo.
En este sentido, decidieron cerrar la Intercomunal para llamar la atención de las autoridades.
