Varias exigencias están en discusión por la oposición venezolana, de cara a las elecciones parlamentarias que aun no tienen una fecha definida. La observación internacional calificada es uno de los puntos banderas de la oposición, sin embargo para los especialistas no es suficiente pues hay que definir qué aspectos deben prestar especial atención los expertos que lleguen a Venezuela, en caso tal que el gobierno apruebe la visita.
Estos son los puntos que el consultor político Aníbal Sánchez y los técnicos electorales de la oposición detallan en una propuesta:
- Exigir que haya observación internacional calificada, que no se confunda con acompañamiento. Vicente Bello, representante de la MUD ante el Consejo Nacional Electoral, ha reiterado que sería ideal la observación de la OEA, la Unión Europea y de Naciones Unidas. “Estos organismos se toman un tiempo para formar un equipo de expertos de varios países con pasos detallados que debe seguir la misión; monitorean hasta los medios de comunicación del país al que van durante meses; analizan el registro electoral; mandan analistas de opinión pública y hasta expertos en leyes electorales”, explicó.
Félix Arroyo, representante electoral de AD, subrayó que los observadores calificados tienen derecho a opinar en público. “El acompañante simplemente va, no declara; el observador va a dónde quiera, es independiente y puede declarar”, señaló.
- Que se prohíba, como lo establece la Ley Orgánica de Procesos Electorales, el uso indebido de los recursos del Estado durante la campaña electoral. Es una vieja exigencia que el CNE no ha regulado. Félix Arroyo opina que esto se evita con la verdadera observación calificada, pues los expertos vienen al país durante la precampaña, campaña y el día de las elecciones. “Si no se permite la observación, se pueden cometer abusos. La Comisión de Partidos Políticos del CNE es la que revisa eso, pero normalmente las denuncias al respecto se rechazan cuando pasan al directorio del organismo”, explicó.
- Exigir que se suba el umbral de exigencia del Sistema de Autenticación Integrado (captahuellas) y de que se bajen los “topes de consecutividad”. Aníbal Sánchez, consultor político de Copei, explicó que el primer caso quiere decir que el SAI debería ser más exigente en cuanto a la calidad de las huellas de los electores que acepta como válidas.
Agregó que el segundo caso se refiere al momento en el que la máquina de votación hace “no match” (cuando la huella y el elector no coinciden, pero se permite votar). La ley electoral actual señala que si eso ocurre cinco veces seguidas, la máquina se tranca. Sánchez propone bajar eso a tres veces seguidas. Hasta el 7 de octubre eso podía ocurrir siete veces continuas.
- Definir el papel del testigo opositor ante el voto asistido y ante el retraso en el cierre de los centros de votación. Arroyo admitió que el voto asistido está establecido en la ley, pero una persona solo puede asistir a una persona nada más. “Los testigos deben tomar nota de eso y hacer la denuncia si se excede, aunque no tienen poder para frenar un abuso. Deben dejar registro. El cierre del centro votación está establecido a las 6:00 pm si no hay gente en las colas. El presidente del centro tiene derecho de cerrarlo. No se puede dejar presionar por el Plan República ni por otros”, aclaró.
- Solicitar las incidencias del Sistema de Autenticación Integrado y auditar las huellas en el registro de Cola de No Duplicidad (cuaderno electrónico que queda en la memoria de la máquina de votación). Sánchez explicó que las incidencias del SAI y la Cola de No Duplicidad registran el número de cédula y la huella de cada elector. “Es la auditoría de segunda fase. Es la forma de verificar, por ejemplo, si alguien con la misma huella votó dos veces. Hay que fijar un protocolo para que la oposición haga esta auditoría”.
- Que las auditorías al sistema de votación no sean efectistas, sino que se discutan previamente los protocolos de actuación en cada una. Esto quiere decir que se debe explicar claramente qué pueden hacer y qué no pueden hacer los representantes de los partidos y los observadores que formen parte de la auditoría. Arroyo admitió que en las auditorías más técnicas los representantes de la oposición sí tienen más libertades.
- Definir los parámetros para la contratación de las firmas externas que participan en las auditorías al sistema electoral. Sánchez indicó que normalmente participan auditores externos de la Universidad Central de Venezuela que avalan todo lo que propone el CNE, sin cuestionarlo.
- Que el CNE defina si regulará el porcentaje de postulación de candidaturas por género. Los técnicos de la oposición solo conocen de una nota de prensa en la que el organismo exhorta a que se respete el género a la hora de inscribir candidaturas. Advierten que el Poder Electoral podría estar esperando las primarias del PSUV para ver cuántas mujeres inscribirá el oficialismo y adaptar la regulación a eso.
- Que haya celeridad a la hora de anunciar los resultados electorales. “El CNE puede dar boletines por circuitos, sin necesidad de esperar a que la tendencia sea irreversible en todos los espacios”, expresó Sánchez.
- Perfeccionar la elaboración, el uso y la auditoría de la tinta indeleble. Evitar la contaminación de la tinta y controlar la ruta de su distribución, señala el documento que discute la Mesa de la Unidad democrática.
- Que luego de auditar las aplicaciones de las máquinas de votación se informe a cada estado del país qué máquinas le corresponden. “Eso se sabe con la codificación de asignación por mesa; eso nunca se informa a cada estado”, señaló Sánchez.
- Que se realice una auditoría al archivo de venezolanos cedulados. En el documento que elaboró el consultor de Copei se advierte que este archivo es una caja de Pandora y se recuerda que anteriormente el propio CNE contaba con una oficina de fiscalía de cedulación.
Más peticiones
Además de las 12 exigencias del documento que se discuten en la oposición, el profesor José Huerta, de la Escuela de Estudios Políticos de la UCV, considera que hay otros aspectos que deben incluirse para blindar las elecciones parlamentarias.
“Es fundamental permitir que se revisen los cuadernos de votación (de papel, no los electrónicos) después de las elecciones y, por supuesto, evitar su eliminación”, expresó.
El especialista en procesos electorales también considera fundamental que se sometan a discusión pública los cambios que técnicos del CNE propusieron en circuitos electorales. Hasta el momento, la propuesta no ha sido oficialmente aprobada.
Huerta afirmó que también se debe pedir al registro civil el listado de defunciones y que se debe depurar el Registro Electoral. “Es necesario establecer sanciones severas a la usurpación de identidad durante el proceso”, agregó.
