Dos días después de que nueve personas murieran a tiros durante una reunión para estudiar la Biblia en una iglesia de Charleston, la gobernadora del estado, la republicana Nikki Haley, hizo una audaz declaración pública: El agresor «desde luego» debe ser ejecutado. Pero su estado, aunque con apoyo mayoritario por la pena capital, no consigue los fármacos necesarios para la inyección letal y no ha ejecutado a nadie desde 2011.
Una hipotética ejecución de Dylann Storm Roof, de 21 años, sería dentro de varios años. Se le acusa de nueve cargos de asesinato por la masacre del miércoles. El viernes hizo una breve comparecencia ante un juez, y su próxima cita judicial no será hasta octubre.
Haley hizo sus declaraciones el viernes en el programa «Today» de NBC, aunque la gobernadora no tiene poder sobre el procesamiento o la condena de Roof.
El suministro de Carolina del Sur de pentobarbital, uno de los tres fármacos en la inyección letal en el estado, caducó en 2013. El director de correccionales, Bryan Stirling, ha dejado claro a los legisladores que su agencia no puede comprar más, a pesar de tener 44 personas en el corredor de la muerte. Todos los intentos de adquirir dosis han fracasado, un problema al que se enfrentan estados de todo el país.
Algunos intentan encontrar nuevos fármacos o nuevas fuentes para los medicamentos, porque las farmacéuticas han dejado de comercializarlos para ejecuciones y los farmacéuticos son reacios a exponerse a un posible acoso.
Stirling propuso este año una ley que mantendría en secreto la información de cualquier empresa o farmacéutico que proporcionara fármacos para ejecuciones, indicando que eso ayudaría a conseguirlos. Pero las propuestas se han atascado en ambas cámaras, y sus detractores instan a los legisladores a no aprobarlas.
El Tribunal Supremo está considerando la constitucionalidad del sistema de tres fármacos de las ejecuciones en Oklahoma, ya que los internos alegan que no provoca inconsciencia de forma fiable, y causa dolor y sufrimiento. El presidente del comité judicial de la Cámara estatal de Representantes, el republicano Greg Delleney, señaló que probablemente esperará a esa decisión antes de pedir a los legisladores que voten la propuesta, aunque Stirling señala que Carolina del Sur utiliza un cóctel de fármacos distinto.
Aun así, señaló Delleney, «No veo ninguna urgencia para adelantarse al Tribunal Supremo».
A pesar de las docenas de internos condenados en el corredor de la muerte del estado, es probable que no haya ejecuciones hasta dentro de cinco años, indicó Emily Paavola, directora ejecutiva del Centro de Recursos y Defensa sobre la Pena de Muerte en Carolina del Sur, que cree que el proceso en el estado está lleno de problemas y pide su reforma. Paavola señaló que la única forma de acelerarlo sería que un interno condenado a muerte renunciara a toda apelación, lo que resulta improbable.
Los presos condenados a muerte pueden elegir electrocución, pero si un reo no quiere morir de ese modo, la agencia de prisiones no puede realizar una ejecución si no tiene los fármacos necesarios para una inyección letal, dijo Stirling.
