Según estatutos del nuevo Sistema Nacional de Ingreso (SIN) a la educación superior, un estudiante de estrato económico (A), que egresa de bachillerato con un promedio de 20 puntos, cuenta con la misma ponderación y posibilidad de ingresar a una universidad que un joven de 11 puntos de calificación que pertenece al estrato económico (E).
Esta valoración aprobada por el Ministerio de Educación Universitaria Ciencia y Tecnología, ha generado profundo malestar en las autoridades de las academias autónomas en el país, quienes consideran que la medida promueve inequidad, exclusión y lesiona la meritocracia.
La historia reciente de los sistemas de admisión nos remite al año 2007, cuando el SNI contaba con dos variables diferenciadas: La Prueba de Aptitud Académica que representaba el 40% del índice integral del alumno, y el promedio de notas que constituía el 60% restante.
Pero en el año 2008, el Estado elimina el citado examen diagnóstico considerando que los bachilleres de bajos recursos no ingresaban a las universidades y mantiene las notas certificadas.
Sin embargo se estaban produciendo los mismos resultados previamente señalados: los estratos bajos registraban poca demanda, por tanto, en el mes de diciembre de 2014, el Ministerio dimensiona un nuevo mecanismo de ingreso donde diferencia distintas variables: 50% del promedio de notas, 30% índice socioeconómico, 15% territorialización y 5% actividades comunitarias.
El pasado 15 de mayo, cada universidad recibió las listas de admisión enviadas por la Oficina Nacional de Planificación del Sector Universitario (OPSU), las mismas contaban con los parámetros establecidos a finales de 2014 y reflejó algunos registros fuera de la común: estudiantes con promedios bajos y medios fueron asignados por encima de quienes contaban con las mejores calificaciones.
Esto produjo un quiebre en el circuito universitario, cuyos directivos consideran que se está privilegiando un sector por encima de otro, relegando el esfuerzo de los jóvenes por mantener altos índices académicos. En respuesta, la Asociación de Rectores de Venezuela (Averu), introdujo un recurso de nulidad ante el Tribunal Supremo de Justicia considerando que viola los artículos de la Constitución Nacional, Ley de Universidades y Ley Orgánica de Educación.
Deterioro del mérito académico
El profesor Jesús González, coordinador de la Unidad de Investigación y Análisis de la Secretaría de la Universidad Central de Venezuela (UCV), opina que esta medida es la maxidevaluación del mérito académico y es sobrevenida por cuanto se aplica sin anticipación alguna ni con un estudio científico de base.
“Leí en redes sociales que una joven de Barquisimeto, estudiante de Medicina, con un promedio de 19,4 puntos de promedio no pudo ingresar a la UCLA. Ella quedó indignada porque el único pecado que tiene en su vida es el trabajo duro de sus padres por darle una educación de calidad. Una colega de la UCV comentó que este nuevo sistema es como pedirle la condición económica a Miguel Cabrera para jugar en las Grandes Ligas”, expresó.
“Cuando revisamos la data de asignación que envía la OPSU a la UCV, nos encontramos que no solamente ocurre que estudiantes de bajos promedios ingresan y de alto promedio no ingresan, sino que nos encontramos con individuos que tienen 20 puntos y son asignados después que se ha admitido la mitad de su grupo, y no hay nota mayor de 20 puntos”.
En tal sentido, la investigación emprendida por el departamento que coordina, reflejó que en el 85% de los casos analizados, la ponderación efectiva del promedio de bachillerato es inferior al 50%; es decir que el 85% de la asignación dependió de factores extraacadémicos.
Consideraciones legales, académicas y económicas
La rectora de la Universidad Nacional Experimental Politécnica Antonio José de Sucre (Unexpo), Rita Elena Áñez, divide esta situación en tres áreas de análisis.
La primera es la legal, considerando que existe una “clara” violación a la Carta Magna en su artículo 103, cuyo parágrafo expone que las limitaciones de cualquier sistema de ingreso a la educación superior deben estar regidos por tres condiciones: aptitud, vocación y motivación.
“Estos tres elementos deben estar ceñidos a un elemento predictor, en nuestro caso era el análisis de las notas certificadas de primero a cuarto año de bachillerato, porque en un estudio interno nos dimos cuenta que hay una correlación matemática entre el desempeño del estudiante en los primeros semestres, su prosecución de notas y su promedio final, por ello estamos en contra de la eliminación de este mecanismo porque es un elemento confiable a los fines de medir las condiciones del alumno en la universidad”.
En segundo lugar está el área académica, aspecto donde la autoridad ha salvado su voto en dos ocasiones durante las reuniones del Consejo Nacional de Universidades (CNU) debido a que las discusiones en este apartado no han tenido la sintonía entre los participantes.
“Estamos alertando que más de existir aspectos legales, existen los académicos”.
Por último, Añez expone la variable económica. Asegura que no basta con buscar mecanismos protectivos para que las poblaciones vulnerables ingresen al circuito universitario, sino que el Estado debe concentrar previamente sus esfuerzos en apoyar a los estratos bajos de la sociedad en los aspectos socioeconómicos y cognitivos para que puedan lograr sus objetivos.
“La meta no es ingresar a la universidad sino egresar de la universidad”, resaltó.
Implicaciones
El rector de la Universidad de los Andes, Mario Bonucci, teme que este sistema venga con ciertas implicaciones negativas; la primera de ellas es el aumento de los índices de repitencia, lo que producirá mayores gastos a las academias por cuanto se deben contratar nuevos docentes para que cumplan el trabajo de nivelar y promover a los estudiantes reprobados.
Prosigue con la deserción universitaria, segundo fenómeno que puede aparecer en los estudiantes que enfrenten una exigencia en la cual no están preparados.
Esto puede producir, argumentó la autoridad, la migración temprana al mercado laboral y pérdida de oportunidades académicas.
“El ministro lo que hizo fue sacar un grupo para meter a otro grupo. Sacó a un grupo que tenía buenas calificaciones y metió a otro grupo que no tiene tan buenas calificaciones”.
Sin embargo, en este aspecto Áñez toca un aspecto sensible: la frustración académica. “Mucha gente se queda frustrada, porque después de trabajar tanto para mantener su promedio alto se quedan sin cupo.
Es parte del antimensaje ¿Qué nos dicen a nosotros cuando estamos estudiando? Estudien y sean mejores; pero ahora resulta que un joven siendo el mejor no tiene mayores posibilidades de ingresar a una universidad.
Hay un antimensaje ético, moral, meritocrático; aunque quisieras proteger al Estado de la población vulnerable, no puedes desmeritar a quienes hacen un esfuerzo por ser mejor”.
Diálogo constructivo
En cuanto a las recomendaciones, el profesor Edgar Rodríguez León, secretario general de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA), propone la instalación de mesas de diálogo a los fines de buscar soluciones en conjunto, elaborando un sistema de admisión con algoritmos y variables reales sustentados en estudios científicos, no empíricos.
“No me opongo a la masificación, me opongo a la masividad. Un proceso de crecimiento organizado con infraestructura y recursos promueve la masificación de la educación superior.
En cambio, si existen posiciones arbitrales, se busca privilegiar un grupo por encima de otro y se asignan matrículas por encima de la capacidad instalada de las academias se entra al campo de la masividad, y eso es perjudicial”.
Incluso, la rectora Áñez, aclaró que no están en contra de recibir a los estudiantes con promedios bajos, pero propone para ellos un curso compensatorio, nivelatorio y propedéutico a fin de que se ajusten a las exigencias de las universidades.
