Para la tarde de este jueves, el Ministerio Público debía tener los resultados de las experticias practicadas en relación a la intoxicación masiva sufrida por menores y adultos en el caserío La Cuchilla, parroquia Juares.
Los mismos están a cargo de expertos de la Unidad Criminalística contra la Vulneración de Derechos Fundamentales de esa institución.
Lo informó la fiscal general de la República, abogado Luisa Ortega Díaz, quien estuvo en Carora para inaugurar la Fiscalía Municipal número cuatro y la Unidad de Atención a las Víctimas, que se encargará de atender los casos de agresiones a mujeres, niños, niñas y adolescentes.
En la nueva sede, ubicada en la calle Lara de la capital municipal, funcionarán también las tres fiscalía existentes en Torres.
La doctora Ortega Díaz dejó ver la posibilidad de que pronto será creada otra fiscalía municipal en Sanare, además de una con competencia en materia ambiental.
“Estamos dando respuestas a la colectividad; atacando el retardo procesal y la impunidad, para que haya justicia.
Previo al acto, la abogado Maribel Aponte, fiscal 25, se refirió a la importancia de esos organismos que, explicó, no es letra muerta pues ya aparecía en la Ley Orgánica del Ministerio Público y fue rescatada por la fiscal general.
Enfatizó que es necesario atender los casos de violencia para que no se conviertan en delitos graves y eso es lo que se está buscando con la creación de las fiscalías municipales que los estados Lara y Miranda están a la vanguardia en cuanto a su cantidad.
Posterior al corte de la cinta tricolor, Ortega Díaz ofreció declaraciones sólo a cuatro periodistas previamente seleccionados.
Con respecto al caso de La Cuchilla, indicó que aún quedan cinco personas hospitalizadas, tres niños y dos adultos, y sobre las causas de la intoxicación, recomendó no hacer elucubraciones y esperar el informe de los expertos que será dado a conocer públicamente por el fiscal superior de Lara, abogado William Guerrero.
Sobre el tema del contrabando de extracción y el “bachaqueo”, que calificó como un grave problema, informó que en todo el país están actuando 85 fiscales del Ministerio Público e incluso la doctora Yurima Gil, directora general contra la delincuencia organizada, está al frente de las investigaciones.
Informó que en lo que ha transcurrido del 2015 han sido privadas de libertad más de dos mil personas en todo el país por incurrir en ese delito que en la actualidad afecta a toda Venezuela.
Igualmente dijo que se trata de un trabajo importante para el que los fiscales asignados tienen todo su apoyo con el fin de que puedan continuar con su labor para sancionar a quienes incurren en tan irregular práctica.
Advirtió que no se trata de acciones exclusivas del Ministerio Público sino que es una política del gobierno Nacional.
El caso de la modelo larense Ángela Medina también le fue tocado a la fiscal Ortega Díaz y recordó que el expediente está radicado en Caracas y que, en función de las experticias que se adelantan, esperan pronto dar respuestas a la colectividad.
También dijo que el racionamiento eléctrico reciente no afectó las labores de su despacho pues allí existe una cultura permanente del ahorro.
