Los industriales de Lara se declararon preocupados por el futuro del aparato productivo nacional, por estar este sometido a leyes, decretos y normas que frenan la inversión y la productividad en el país. Por ello, emitieron días atrás un manifiesto de emergencia, a través del cual también pidieron reflexión.
Sobre este punto, el abogado Domingo Salgado, señaló que el industrial no sólo se ve afectado por la inseguridad del plano laboral, sino también por la incertidumbre generada en el plano jurídico pleno.
En este sentido, señaló que una de las normas que propicia mayor inseguridad jurídica para la inversión, es el esquema de precios y costos establecidos en el país, que se pone en práctica con base en criterios del funcionario inspector encargado de la revisión.
Lamentó que en el referido esquema aun no se especifique el tipo de cambio que debe incorporarse en esa estructura de costos, ya que si bien es cierto que la ley establece tres sistemas cambiarios, es preciso tomar en cuenta que una parte importante de las materias primas del país, son adquiridas a través del dólar paralelo, el cual no puede ser reflejado en la estructura de costos, afectando la posibilidad de producir insumos y mercancía.
En su opinión, la tendencia de las leyes promulgadas por el gobierno, parecieran tener la intención de “atacar” al empresario, por “querer meter en un mismo saco al honesto con el tracalero. Toman como delincuente a cualquiera que haga una inversión en el país”.
En este sentido, advirtió que la inseguridad jurídica que se vive en Venezuela, esta relacionada con la poca confianza que existe en los órganos del Estado, por la falta de división de los poderes para corregir las faltas del Ejecutivo como administrador.
Recordó que cada vez que el Poder Judicial sea autónomo, ciudadanos, empresarios y trabajadores, podrán tener garantía que será controlado cualquier acto arbitrario de la administración pública.
Inamovilidad laboral
Como una de las principales amenazas al sector industrial, en materia jurídica, señaló la inamovilidad laboral, que se ha mantenido 14 años en vigencia, dejando al empresariado de manos atadas frente al manejo de procesos de rotación de personal.
“Si bien es cierto que gran parte de la masa trabajadora del país son personas honestas y dedicadas a sus labores, tampoco es menos cierto que existen trabajadores que no se adaptan a los procesos legales ni al cumplimiento de la normal, lo que hace difícil desincorporar a ese personal y darle oportunidad a otros que deseen incorporarse de manera activa al proceso productivo”.
Señaló que si bien la ley plantea un mecanismo de desincorporación a través de las faltas calificadas por la inspectoría del trabajo, estos son “utópicos”, por ser tardíos, afectando los procesos de producción, además de ventajosos para el empleado, ya que estadísticamente estos suelen emitir una respuesta a favor del empleado y no de la empresa.
Recordó que este es un esquema, generado por una situación puntual de emergencia económica, que ha sido prorrogado continuamente.
Jornada de trabajo
El abogado señaló que laboralmente el país se encuentra en desventajas de productividad, en comparación con otras naciones, esto motivado a la reducción de las jornadas de trabajo, ya que mientras en países como Colombia se labora 48 horas por semana, en Venezuela el trabajador sólo cumple con 40.
“Tenemos una de las jornadas de trabajo más bajas de Latinoamérica y aunque eso pudiera apreciarse en término sociales como un beneficio importante para los trabajadores, lamentablemente cada vez el país se hace menos competitivo en materia de productividad, con respecto al mercado internacional”.
