El director del Foro Penal Venezolano, Alfredo Romero, indicó que luego de las medidas cautelares de protección emitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a favor de la ONG, el Estado ni siquiera se ha dado por enterado.
Tal es la reacción del Gobierno, o falta de ella, al pronunciamiento del órgano de la OEA a favor de Alfredo Romero, Luis Betancourt y Yoseth Colmenares.
«Nadie ha respondido nada. Sobre la solicitud de medidas cautelares de la CIDH y las acciones urgentes de Amnistía Internacional, no ha habido respuesta ni del Gobierno nacional ni del Defensor del Pueblo», informó Romero.
En un pronunciamiento del 17 de marzo pasado, la Comisión consideró que los beneficiarios de la medida cautelar se encontraban «en una situación de gravedad y urgencia, puesto que su vida e integridad personal se encontrarían en riesgo».
Ordenó al Estado venezolano que «adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal» de los defensores, y que éstos puedan desempeñarse sin que sean objeto de actos violentos u hostigamientos.
De acuerdo con Romero, la génesis de esta postura son las amenazas y agresiones físicas de las que han sido víctimas los activistas del FPV a raíz de la aplicación de «una fórmula de hostigamiento constante en la que funcionarios del Estado hacen señalamientos falsos para desacreditarnos por el canal del Estado».
«Luis fue agredido y golpeado; en mi caso particular me han detenido en la calle apuntándome con armas, luego de esos señalamientos; ha habido referencias a Gonzalo Himiob en diferentes ocasiones; Tamara Sujú pidió asilo político en Republica Checa por el hostigamiento», explicó el abogado.
Por otro lado, Romero indicó que a diferencia de otros tiempos, el titular de la defensoría del Pueblo, Tarek William Saab ha ignorado las solicitudes de audiencia que ha hecho el Foro Penal. «Ya no nos recibe», dijo.
Finalmente, el abogado consideró que tanto los ataques como el silencio institucional encajan dentro del patrón de violaciones de derechos humanos y represión que se aplica en Venezuela.
«El intento es causar temor no sólo en el ciudadano, que es víctima, sino también en el activista que los defiende», señaló.
