Venezuela registró en 2014 al menos 189 ejecuciones extrajudiciales atribuidas a agentes de seguridad, mayoritariamente en operativos contra la delincuencia, denunció el martes una ONG de derechos humanos.
Según la Organización No Gubernamental Provea, otras 31 personas murieron el año pasado por «torturas» o «uso excesivo de la fuerza» de agentes policiales y militares, de las cuales cinco durante manifestaciones contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro.
De los 189 asesinatos sumariales, la mayor parte se produjo «en el marco de operativos realizados por cuerpos de seguridad del Estado, cuerpos policiales, militares, lo que aquí llamamos redadas, operativos dirigidos a detenciones masivas», dijo a la AFP Inti Rodríguez, investigador de Provea, que monitorea la situación de los derechos humanos en Venezuela desde 1988.
Esta cifra representó un aumento de 5% con respecto a los casos documentados por Provea en 2013.
«El mayor incremento (de los homicidios extrajudiciales) fue en el marco de operativos realizados por el CICPC (Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas) durante los llamados ‘madrugonazos’, operativos policiales dirigidos a buscar a los presuntos delincuentes y ajusticiarlos», explicó el activista.
Ese organismo es el responsable de investigar las muertes violentas en el país, observó Provea, apuntando que tres de las víctimas fueron menores de hasta 12 años y 25 adolescentes, mientras que todos los casos están en la «impunidad».
Durante la presentación de su informe anual, la ONG detalló que 31 personas más fallecieron a manos de uniformados: «15 por uso indiscriminado de la fuerza, ocho por uso excesivo de la fuerza, cuatro por torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes, y cuatro por negligencia».
De ese total, cinco civiles murieron en el curso de las manifestaciones que se presentaron en el país entre febrero y mayo de 2014 contra el gobierno de Maduro, que se saldaron con un total de 43 muertos en diferentes circunstancias, anotó Rodríguez, que basó su investigación en denuncias judiciales y de familiares de las víctimas.
Provea también reportó 2015 víctimas de violación del «derecho a la integridad», entre las cuales se cuentan 1.032 heridos en el marco de protestas de diversa índole.
