0, 97 bolívares, cuesta el metro cúbico del agua residencial a nivel nacional, mientras los larenses lo cancelan a 20, 01 bolívares, convirtiéndose en el agua más cara del país, según informó Luis Rodríguez, miembro del Sindicato de Hidrolara.
Rodríguez, además manifestó que el costo del metro cúbico comercial es de 70 bolívares y el industrial sobrepasa los 100 bolívares. Asegura el trabajador que en cinco años por ordenes el Gobernador del estado Lara, se ha ajustado la tarifa del agua 18 veces, lo que se traduce a un 1700 % el aumento.
A partir de este 1 de junio, las facturas comenzaron a llegar con el aumento del 60 % y está aprobado un 40 % más para septiembre.
Rodríguez, denunció que no sabe donde van a parar todo el dinero de la hidrológica, porque desde la Gobernación no han hecho inversión alguna con la empresa, mantienen deudas con los 540 trabajadores y asegura que desde las gerencias juegan al cansancio, buscando el desgaste de los trabajadores para que renuncien a sus labores, porque lo que buscan es privatizar y desaparecer Hidrolara. “Aún así los usuarios son tan nobles que ellos siguen pagando sus facturas, siempre están llenas las taquillas. Un día de recaudación supera los 4 millones”, recalca el miembro del sindicato; a la vez que dice no entender como es que tienen dos máquinas paradas por falta de repuesto, alegando que los repuestos son muy caros, pero sí tienen el dinero para contratar a la constructora Pegarca, que utiliza la misma máquina. Según Rodríguez, religiosamente semanal le cancelan hasta 5 millones por sus trabajos.
Así mismo indicó que Hidrolara denuncia sabotaje por parte de Corpoelec, cuando desde hace más de cinco años no hace una inversión en tecnología y adquisición de nuevos equipos, que son los que ayudan y garantizan el suministro del vital líquido.
Nuevamente Rodríguez señaló que no sabe a donde va el dinero que entra a la empresa, cuando además de pagos a trabajadores, no se pagan impuestos, pues se deben al Seniat y tampoco cancelan electricidad. A juicio del miembro del sindicato existe un negocio con las constructoras privadas, el cual debe ser investigado a fondo, porque desde la Contraloría han hecho caso omiso.
