Alrededor de 18 expertos independientes del Comité de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que supervisa el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, iniciaron este martes un examen al Estado venezolano con diversas interrogantes sobre las garantías en el cumplimiento de estos derechos el país.
La primera sesión, realizada durante la tarde en Ginebra, Suiza, los especialistas destacaron que la adhesión al Pacto no implica solo la firma del país, sino el asumir la jurisprudencia involucrada. Se esperaba una transmisión en vivo de la sesión, con el fin de que los medios venezolanos realizaran una cobertura propia, pero al final fue cancelada.
Sin embargo, fue posible conocer gran parte de los planteamientos gracias a las publicaciones en Twitter que realizaron los representantes de las ONG que presentaron sus informes alternativos ante el Comité de la ONU y que se encuentran presentes en el examen que continuará este miércoles en la mañana.
Tras escuchar una introducción del vicepresidente de Planificación de Venezuela, Ricardo Menéndez, quien lideró la delegación venezolana y destacó que “a pesar de la guerra económica, la guarimba y el paro petrolero, el gobierno ha garantizado derechos sociales en el país”.
Los expertos procedieron a formular sus preguntas, dividas en dos bloques y enfocadas hacia temas como la dimensión de la corrupción en el país, la denuncia de Venezuela en contra de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el acceso a la información, la discriminación hacia las personas de la diversidad sexual, la igualdad de género, así como la situación actual en las áreas de salud, economía y educación.
La mayoría de estas interrogantes quedaron sin una respuesta concreta de parte de la delegación venezolana, cuyos integrantes se enfocaron en ofrecer respuestas globales y explicaciones sobre el funcionamiento de los distintos niveles de gobierno implementados en el país.
Inflación de 60%
El tema económico fue uno de los puntos centrales de las preguntas de los expertos de distintos países. Al ser consultado sobre el porcentaje de inflación actual y la existencia o no de garantías para proteger el salario de los trabajadores, Menéndez hizo una referencia a los niveles inflacionarios durante la IV República y dijo que la inflación actual es de 60%.
También aseguró que el desempleo se ubicaba en 15% en el año 1999 y en diciembre de 2014 se redujo a 5,5%.
Mientras se desarrollaba la sesión, las ONG denunciaron que los datos que expuso el Estado venezolano “no pueden ser verificados en sus páginas web porque no hay acceso a la información”.
Rubén Darío Molina, director general de la Oficina de Asuntos Multilaterales e Integración de la Cancillería venezolana, señaló que para conocer los indicadores actuales en materia de derechos humanos, el Gobierno “trabaja de manera científica, bien responsable, en un proyecto que se llama ‘Diseño e implementación del sistema nacional de seguimiento a los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, ratificados por Venezuela’, conjuntamente con la Oficina de Naciones Unidas en el país y el Instituto de Políticas Públicas de Derechos Humanos de Mercosur.
Por su parte, la ministra de la Mujer, Gladys Requena, destacó la jurisprudencia que defiende a las mujeres en el país y la cantidad de instancias de protección creadas en revolución, al tiempo que admitió los retos que existen en materia de derechos de las personas de la diversidad sexual y en temas como el aborto.
“El mandato constitucional ha sido recogido en un conjunto de disposiciones que abordan este tema y reconocemos que es un reto que debemos superar, entendiendo que debemos seguir combatiendo los estereotipos de género que siguen arraigados en nuestra sociedad y en todas las sociedades del mundo, en ese sentido y en el marco del espíritu autocrítico que nos caracteriza en la revolución bolivariana sabríamos agradecer las recomendaciones que tenga a bien realizarnos este Comité”.
