Entre abril y mayo de 2015 se intensificaron nuevamente las denuncias por la crisis de papel periódico, sostuvo Mariengracia Chirinos, coordinadora de Libertad de Expresión en el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS).
Se trata de una situación recurrente, apuntó.
“Estos dos años contabilizamos un subregistro porque algunos medios prefieren callar la crisis de papel; creen que si denuncian serán víctima de algún tipo de represalia durante la negociación con Maneiro. Posiblemente, la cantidad de medios que registran dificultades para la compra del insumo es mayor”.
Añadió que la declaración de principios de Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA) establece que todos los controles excesivos por monopolización o regulación exhaustiva de todo lo que tenga que ver con el proceso periodístico o de producción de contenidos son contrarios a los estándares internacionales de protección a la libertad de expresión.
“El Gobierno ha creado una serie de mecanismos que restringen la labor de los medios de comunicación, esto afecta sin duda el ejercicio periodístico. No es solo que un medio cierre, significa que la ciudadanía tiene menos espacios para expresarse”.
En IPYS creemos que existe una gran vulnerabilidad en los ciudadanos, quienes cada vez están más desinformados. Una ciudadanía desinformada no posee la suficiente capacidad para tomar decisiones en su vida cotidiana, dijo.
Chirinos mencionó que los venezolanos padecen una situación económica tan difícil que los problemas de libertad de expresión no son la prioridad pero sí hay un malestar en la calle por la censura y autocensura que exhiben algunos medios.
“Evidentemente, la exigencia de los derechos civiles pasa a un segundo plano ante la escasez de productos de primera necesidad, pero eso no quiere decir que no importa. El Estado debe garantizar las condiciones necesarias para que los medios puedan ejercer su labor”.
Destacó que los medios tradicionales son los más comunes para informarse. Los audiovisuales han tenido una serie de controles excesivos que han derivado en una cobertura muy plana y ahora la prensa, a través de distintos mecanismos y procedimientos judiciales, se ha convertido en blanco del Gobierno.
A la fecha, IPYS reporta 35 impresos con dificultades para adquirir papel de forma recurrente.
