El Ministerio Público acusó a los hermanos Arnoldo Juan (29) y Darwin Alfonso Escalona Carballo (24), quienes presuntamente incurrieron en el tráfico de recursos estratégicos y legitimación de capitales, tal situación fue detectada el 28 de marzo en una finca ubicada en el caserío Santa Rosa de La Fila, sector Cerro Quemado del municipio Unda, estado Portuguesa.
Los fiscales 70º nacional auxiliar y 1ª de ese estado, Javier Quintero y Zoila Fonseca, respectivamente, acusaron a los hombres por presuntamente haber incurrido en los delitos de tráfico y comercio ilícito de recursos y materiales estratégicos, legitimación de capitales y asociación para delinquir.
Asimismo, fueron acusados por almacenamiento ilícito de sustancias controladas y porte ilícito de arma de fuego.
En el escrito consignado ante el Tribunal 2° de Control de Guanare, los fiscales solicitaron la admisión de la acusación y el enjuiciamiento de los hermanos Escalona Carballo, quienes se mantienen privados de libertad en la sede de la Policía del estado Portuguesa.
De igual forma, la citada instancia judicial acordó el bloqueo e inmovilización de sus cuentas bancarias, el aseguramiento preventivo de todos los bienes inmuebles y muebles, y la disposición anticipada del material incautado (cemento, urea y demás mercancia).
En la tarde del referido día, funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana detectaron una situación irregular en una finca del sector Cerro Quemado, razón por la que se acercaron al lugar para efectuar una revisión de rutina.
Tras el procedimiento, los efectivos castrenses corroboraron que en la residencia estaban realizando una construcción sin ningún tipo de permisología, así como la presencia de cuatro mil 700 kilos de urea, 800 sacos de cemento, cuatro mil litros de gasolina y gasoil, 55 mil bolívares en efectivo, 39 mil pesos colombianos, dos armas de fuego, 14 vehículos y demás evidencias de interés criminalístico.
En virtud de tal circunstancia, los uniformados aprehendieron a los hermanos, quienes de inmediato quedaron a la orden del Ministerio Público.
