Las creencias, conocimientos y actitudes que manejan los integrantes de la población de un país, determinan en gran medida la aceptación o no de ciertos temas como el reconocimiento de los derechos que tienen las personas de la diversidad sexual.
Los datos arrojados por el estudio “Condiciones legislativas, institucionales y sociales para el reconocimiento, protección y ejercicio de los derechos y la salud sexual y reproductiva en Venezuela”, entre los años 2013 y 2014, muestran que los ciudadanos de esta nación han hecho pocos avances en este tema.
Durante la presentación de la investigación en Barquisimeto, las representantes de dos de las organizaciones involucradas: Magdymar León Torrealba, coordinadora ejecutiva de Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa (Avesa) y Belkis Lugo, consultora de Aliadas en Cadena, destacó destacaron las dificultades existentes en el área.
“No se acepta, por ejemplo, que estas personas tengan derecho al matrimonio igualitario o que puedan adoptar o tengan hijos, pero sí se tolera su derecho a trabajar”.
A todo esto se suma, el porcentaje de discriminación que aún existe hacia las personas con VIH o Sida, pese a la reciente aprobación de una ley para la protección de su integridad y la de sus familiares.
“Muchos de los encuestados, en cinco estados del país, señalan que ellos deben tener un identificador de su condición, con lo que sin duda se violenta su derecho a la intimidad y se indica que se sigue asociando esta enfermedad con la muerte y con una mala sexualidad”.
De allí, que existe un especial énfasis hacia la necesidad de cambiar los conocimientos, las actitudes y las creencias que ayuden a entender lo establecido en la legislación del país y los convenios y tratados internacionales vinculados a esta materia.
Según la investigación, “existen barreras que dificultan el reconocimiento de los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales (identificadas como LGBTI), porque la sociedad ha impuesto una dominación y restricción de la autonomía y la sexualidad individual, además de que existe una concepción inmutable de la sexualidad que busca uniformar a las personas y sus cuerpos en una verdad única, heterosexual y heteronormativa”.
La lucha en el país en pro de los derechos de esta población, emprendida por varias organizaciones, se ha enfocado hacia la protección integral contra la discriminación y hacia el derecho al matrimonio igualitario.
“Entre un 76 y un 79 por ciento de la población consultada en la encuesta rechaza la discriminación y el rechazo a un hijo o hija por su orientación sexual o identidad de género. Pero aún existe un porcentaje alto de personas que discriminarían a sus hijos con orientación o identidad sexual diversa”.
Según León Torrealba el rechazo familiar hacia esta condición debe ser combatido en su totalidad y “se debe trabajar en el desarrollo de actitudes y comportamientos de respeto hacia la diversidad. Es fundamental promover una cultura de derechos humanos en la sociedad, que impulse una profunda reflexión, pues nada justifica una conducta discriminatoria”.
Entre los resultados alarmantes destacan que la mitad de las personas encuestadas (51%) considera que no deben existir servicios de salud diferenciados para homosexuales y transexuales, pero la otra mitad sí estaría de acuerdo con una medida de esta naturaleza.
“Ese alto porcentaje de personas pareciera desconocer que el derecho al disfrute del más alto nivel debe estar garantizado por el Estado para todos los ciudadanos, sin distingos”.
