Representantes de las organizaciones venezolanas de derechos humanos Provea y Espacio Público acudieron este miércoles a la sede del Ministerio Público para denunciar la intervención ilegal de las comunicaciones privadas de ambas organizaciones por parte de altos funcionarios del gobierno nacional.
Rafael Uzcátegui, coordinador nacional de Provea y el director general de Espacio Público, Carlos Correa solicitaron a la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, iniciar una investigación contra Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, tras la divulgación en su programa Con el mazo dando, de “información que sólo es posible obtener a través de la intervención de las comunicaciones realizadas por Provea y Espacio Público”.
Los denunciantes indicaron que el pasado 13 de mayo de 2015 Cabello aseguró a través del canal del Estado Venezolana de Televisión que “Rafael Uzcátegui ,encargado de la ONG Provea, y Carlos Correa, de la ONG Espacio Público, salieron hacia Panamá el sábado 9 de mayo con destino final a la ciudad de Lima, Perú, donde participarán en un foro de derechos humanos junto a otros integrantes de ONG de países latinoamericanos. Luego de esta actividad viajarán a Chile donde se encontrarán con Marino Alvarado, integrante del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social y quien lleva tiempo fuera del territorio nacional”.
Explican las organizaciones, en la comunicación elevada al Ministerio Público, que “si bien la información sobre nuestros itinerarios de viaje y nuestras actividades internacionales es posible obtenerla por otras fuentes, el detalle de nuestro encuentro con el ciudadano Marino Alvarado en Santiago de Chile, quien se encuentra desde hace meses fuera del país y con quien sólo tenemos contacto por medios digitales, sólo era posible conocerlo mediante la intervención de nuestras comunicaciones electrónicas”.
Provea y Espacio Público condenan estas acciones que violan el artículo 48 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual reza: “Se garantiza el secreto e inviolabilidad de las comunicaciones privadas en todas sus formas. No podrán ser interferidas sino por una orden de un tribunal competente, con el cumplimiento de las disposiciones legales y preservándose el secreto de lo privado que no guarde relación con el correspondiente proceso”.
