Cinco personas, incluidos un médico y dos enfermeras, fueron llevadas el jueves ante un juez de la ciudad colombiana de Cúcuta acusados de estar al frente de una clínica que practicaba abortos ilegales y traficaba con niños recién nacidos, informó la Policía.
«En la clínica ocurrían hechos irregulares» y por eso fueron capturadas la víspera las cinco personas, explicó en rueda de prensa el coronel Jaime Alberto Barrera, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, capital del departamento de Norte de Santander y a unos 410 kilómetros al noreste de Bogotá.
La investigación comenzó en 2013 gracias a la participación de agentes encubiertas que lograron infiltrarse en la red haciéndose pasar por embarazadas que deseaban practicarse un aborto clandestino y llegaron «hasta la unidad médica ubicada en el barrio La Playa de Cúcuta, donde el galeno prestaba sus servicios como médico general».
Según la policía, la red funcionaba de la siguiente manera: cuando las madres se presentaban a la clínica con menos de cuatro meses de embarazo se provocaba el aborto; cuando llegaban con un proceso de gestación mayor, se inyectaban medicamentos para acelerar el crecimiento de los pulmones del feto y así poder extraerlo al llegar a los siete meses de gestación, detalló Ludi Carrascal, jefa de policía de Cúcuta.
Extraer prematuramente a los bebés tenía el objetivo de que la operación no se frustrara por un eventual arrepentimiento de las madres y para obtener el dinero cuanto antes, explicó la jefa policial
Esta red, que llevaba funcionando unos 20 años, vendía a los bebes por unos cinco millones de pesos (alrededor de 2.000 dólares), y los compradores, en su mayoría, eran parejas infértiles. «También se conoció que presuntamente dos niños de 3 y 5 años de edad, quienes fueron registrados como hijos de las dos detenidas, habrían sido comprados por ellas, producto de esta práctica ilícita», agrega un reporte oficial. La red delincuencial operaba desde hace unos 20 años. La situación de esos dos menores de edad fue informada al estatal Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que definirá qué se debe hacer con ellos.
La operación policial, que sigue abierta, trata ahora de saber cuántos niños se vendieron durante estos 20 años y si estos salieron del país vía Venezuela hacia Europa y Estados Unidos, o si sólo atendían la demanda nacional. La policía intenta también averiguar la identidad de los niños y de los compradores.
Por el momento, la Fiscalía General acusa a los detenidos de tráfico de niños, obtención de documento público falso, falsedad en documento privado y supresión, alteración o suposición de estado civil.
