El tradicional descanso del fin de semana (que ya dejó de ser tradicional y de descanso por eso de madrugar para conseguir los productos de primera necesidad) devino en dramática jornada apenas conocer la decisión de las autoridades de enviar a Daniel Ceballos, ex alcalde de San Cristóbal, preso en Ramo Verde, a una cárcel en Guárico.
Tarek William Saab, defensor del Pueblo, pretendió restarle importancia al hecho, diciendo que no había sido trasladado a la Penitenciaría General de Venezuela, “sino a un nuevo centro de reclusión denominado Centro para Procesados 26 de Julio”. Olvida el defensor que cárcel común es cárcel común y aquí se traduce en seres humanos expuestos a un su mundo de reglas impuestas por líderes negativos, quienes reproducen en los internados, lo peor de sus prácticas delictivas.
Daniel Ceballos, apenas ingresar a esta prisión, fue tratado como un recluso cualquiera. Prueba es la fotografía que circula en las redes sociales, en la cual se le observa rapado y con traje carcelario.
Su madre, en una oración desgarrada, lo encomendó a la Virgen, porque bien sabe que en esta circunstancia, sólo Dios está por encima de un sistema judicial con nombre y apellido oficial. Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López, humillada en las afueras de la cárcel de Ramo Verde, no ocultaba su temor de ver a su esposo correr con suerte similar.
Pero este suceso, en cierta forma, viene a sacudir la conciencia de un país adormecido en el sopor de su propio drama cotidiano.
Es cierto que faltan las medicinas. También los alimentos. No lo es menos la urgencia de sobrevivir ante una inflación que consume la esperanza.
Sin embargo, esta condición nacional no puede llevar a la ciudadanía a olvidar a sus presos políticos. Como bien decía un sacerdote el domingo pasado, durante una de las misas ofrecidas por quienes están detenidos por motivos de conciencia: “No están presos; están secuestrados. Está preso quien roba o mata. Ellos no mataron ni robaron. Entonces, son secuestrados”, argumentó ante una feligresía a la cual recordó que en el nuevo lenguaje del Gobierno, sí es no y no es sí, con lo cual con el calificativo de presos se quedan así no cometieran delito, por lo menos no comprobado.
A los casos de Leopoldo López y de Daniel Ceballos, se suman los de jóvenes todavía tras las rejas, luego de las protestas de 2014, y los de quienes deben presentarse ante tribunales por juicios pendientes.
En esta escalada judicial, no olvidar al ingeniero Luis Vásquez Corro, con investigación abierta por haber advertido del riesgo de una crisis eléctrica que a los días el ministro Jesse Chacón confirmó y, sin embargo, el Sebin no fue por él.
Se suman los directivos de tres medios, El Nacional, Tal Cual y La Patilla, con prohibición de salida del país por haber reproducido (como otros lo hicieron) una información de otro periódico, comillas y citas incluidas.
De esta forma, de manera progresiva, Venezuela amenaza con convertirse en una gran prisión. Ayer por haber reclamado derecho a la disidencia; luego por advertir de un peligro; mañana por informar con veracidad y pasado por escribir un tuit o asumir cualquier actitud que el Gobierno considere lesiva a sus intereses.
Nadie, en esta circunstancia, logrará “pasar agachado” ante esta suerte de justicia plegada al interés gubernamental. El nombre de Leopoldo o de Daniel puede ser mañana el de Ramón o Rosa. Cuando comenzó la primera expropiación de tierras, los ingenuos miraron a un lado “porque eso no me pasará a mí” y les pasó. Que la indiferencia no sea bandera ciudadana: la causa de cualquier detenido por pensar distinto debe ser la lucha de un país con ideales democráticos.
