Los rectores de las universidades nacionales, participantes en la última reunión de la Averu, realizada en la ciudad de Caracas , manifestaron la posición individual de sus casas de estudio en torno a la asignación de cupos por parte de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (Opsu) más allá del 30% fijado en la resolución 450 del Consejo Nacional de Universidades (CNU) del año 2008.
Consultados antes de ingresar al pleno de la reunión, las autoridades universitarias coincidieron en rechazar la medida y señalaron las implicaciones y consecuencias de esta decisión que consideran arbitraria y violatoria de la autonomía y de la Ley de Universidades.
En este sentido, la máxima autoridad de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL), Raúl López Sayago, señaló que la asignación de cupos por parte de la OPSU va en contra de resoluciones previas del CNU que establecen que debe ser del 30%.
“En el CNU del 8 marzo del año 2008, el entonces ministro Luis Acuña propuso eliminar las pruebas de admisión, se postergó esa decisión para el mes de mayo de ese mismo año y en esa fecha se acordó que las universidades darían el 30% de cupos a la Opsu, pero en ningún momento las universidades aceptaron entregar el 100% de las plazas», aclaró.
Indicó que el 70% correspondería a las universidades mediante pruebas internas, convenios académicos, deportivos y gremiales, al tiempo que contraviene la normativa legal.
Señaló que la medida agrava la problemática de las universidades, por cuanto no cuentan con los recursos presupuestarios para atender a los jóvenes.
Reiteró que las instituciones de Educación Superior atraviesan por una situación financiera difícil, en virtud de que los presupuestos aprobados por el gobierno a las casas de estudios son deficitarios y han afectado los servicios de comedor, transporte, vigilancia, sin contar el personal académico, la infraestructura, la dotación de equipos y el desarrollo de las funciones principales de las instituciones.
Por su parte, Nicolás Bianco, vicerrector administrativo de la Universidad Central de Venezuela, afirmó que «nuestra intención es exaltar el inicio de nuestras evaluaciones diagnósticas en la UCV, que comenzamos el pasado domingo con el área de salud y están dentro del marco de la ley. Nosotros no nos damos por enterados de algo que no existe oficialmente, cuando nos llegue la comunicación lo evaluaremos”.
Resaltó que es un derecho constitucional de todo estudiante tener la posibilidad de acceder a la Educación Superior, pero depende de su preparación, de la capacidad de las universidades, de las escuelas, del presupuesto, de las tablas salariales que mantengan una vida “decorosa” de los profesores, empleados y obreros.
“En relación al presupuesto, supongamos que hubiésemos llegado a un acuerdo y habría la disposición del despacho de otorgar todos los fondos para poder respaldar el ingreso de esa magnitud, pero ni siquiera eso está contemplado. En caso de que se llegara a un consenso dentro del CNU el Ejecutivo tendría que responder con los fondos fiscales adicionales, sin duda alguna”, finalizó.
