Diputados de la Asamblea Nacional (AN) presentaron un acuerdo ante la Fiscalía General de la República, en donde se unen a la demanda en contra de la «campaña difamatoria» contra el presidente del Parlamento , Diosdado Cabello, hecha por medios de comunicación internacionales.
Así lo dio a conocer Elvis Amoroso, primer vicepresidente de la AN, quien además agregó que hay medios de comunicación que tratan de dañar la imagen de Cabello.
Añadió que con esta denuncia solo se busca defender a la familia y a la dignidad del diputado.
«Aquí le acabamos de presentar a la fiscal general un documento donde nos adherimos a la demanda que presentó el presidente de la AN, defendiendo a su familia, defendiendo su dignidad, estamos afectados y también hemos sido víctimas de estos señores dueños de medios que sin tener ningún tipo de fuentes y sin presentar pruebas atentan contra la integridad de un ciudadano», dijo.
«Quien está denunciando a Diosdado Cabello tiene que estar tras las rejas, hasta la misma oposición venezolana se han sumado en virtud de que ellos también han sido víctimas de estos medios de comunicación, los cuales sí han recibido dinero del narcotráfico y de esos banqueros corruptos que se robaron el dinero de los venezolanos y viven en Miami, pruebas que tenemos y que hemos presentado hoy en la Fiscalía», manifestó.
Por su parte, Darío Vivas, parlamentario por el Partido Socialista Unido de Venezuela, aclaró que «repudian totalmente estos hechos de los grandes medios de comunicación, en donde arremeten contra un ciudadano, quien luego no tiene derecho a la defensa».
TSJ rechaza ataques
La presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, magistrada Gladys Gutiérrez, se pronunció esta tarde en rechazo a “la continuidad de las agresiones conspirativas contra el Estado venezolano” y en especial contra el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello. Acompañada de otros magistrados, destacó que dichas agresiones están “contenidas en temerarias acusaciones las cuales han fijado como objetivo visible a autoridades que ejercen legítimamente responsabilidades por disposición popular”.“Este máximo órgano de justicia confirma el respaldo al normal desenvolvimiento del Estado en el marco de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la Ley a favor del desarrollo social nacional signado por la justicia y la paz”, sentenció
