El informe Que no quede rastro, presentado por el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB) asegura que se realizó una serie de prácticas ilegales para ocultar la vinculación entre los organismos del Estado y las personas que fueron víctimas de tortura, durante la represión a las manifestaciones ocurridas entre los meses de febrero y julio del 2014.
La tercera edición del informe, presentada el mes de abril del presente año denuncia que las víctimas“fueron obligadas a firmar actas y declaraciones en las que negaban haber sido sometidos a malos tratos”. Esta y otras situaciones, son explicadas a por la directora de CDH-UCB Ligia Bolívar, para el programa radial ‘En Este País’ conducido por el periodista Andrés Cañizález, por Unión Radio Noticias 870AM.
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