La Comisión Interamericana de Derechos Humanos entregará al Comité Jurídico de la OEA, en pocos días, su Informe de 2014. Vuelve a incluir a Cuba y Venezuela en su llamado capítulo IV, es decir, los coloca en el salón de la fama de las dictaduras que restan en el hemisferio como piezas de museo.
En suma, ni Cuba ni Venezuela han ingresado al siglo XXI. Son apenas un mal correlato de nuestras sociedades primitivas de comienzos y mediados del siglo XX, regidas por fascistas o asimismo por capataces de uniforme cuyos galones obtienen a sangre y fuego, que no en academias militares.
La Comisión es precisa al explicar su decisión sobre nuestro país por constatar, en los hechos, la existencia de “una violación grave de los elementos fundamentales y las instituciones de la democracia representativa previstos en la Carta Democrática Interamericana, que son medios esenciales para la realización de los derechos humanos”; en lo particular por un ejercicio abusivo del poder que socava o contraría el Estado de Derecho, como “la infracción sistemática de la independencia del Poder Judicial” y “la falta de subordinación de las instituciones del Estado a la autoridad civil legalmente constituida […]”.
No es del caso abundar sobre las penosas realidades que describe el documento citado, expedido por un órgano de composición independiente y no sujeto a la voluntad de los gobiernos, ya que todos los venezolanos – salvo la “diarquía” dominante – las padecen a diario en sus vidas, sus libertades y sus estómagos.
Dicho informe es conteste, casi al calco, con los contenidos muy resumidos de la Declaración de Panamá suscrita recién por 33 ex presidente iberoamericanos.
Faltan y no solo fallan en Venezuela, en síntesis, tanto los elementos esenciales de la democracia como los elementos fundamentales de su ejercicio. Hay violaciones sistemáticas y generalizadas de derechos humanos, siendo ahora manifiestos las torturas y los prisioneros políticos. La ley la hacen y cambian a su antojo Nicolás Maduro Moros y Diosdado Cabello, y la interpretan bajo instrucciones de éstos, a fin de violarlas, las escribanas de la Sala Constitucional. En tres lustros, quienes se querellan contra el Estado o sus funcionarios, sobre todo si son opositores, no logran vencerlos una sola vez. De modo que la Constitución y el Estado de Derecho son piezas de utilería, y la separación de poderes un emblema del cinismo.
La hegemonía comunicacional del gobierno y la autocensura de los medios privados que restaban, cuya propiedad ahora adquieren funcionarios a través de testaferros, son monumentos que exaltan la mentira y se empeñan en silenciar toda voz discrepante.
Y si se trata de elecciones, la ciudadanía puede elegir; pero si elige a un opositor enemigo de la revolución ha de saber que terminará éste desnudo de competencias, sin oficinas, o destituido y en la cárcel. Las fórmulas huelgan.
No obstante ello, desde las filas de la dictadura, quienes las forman en primera línea y “no tienen salida”, pues la cerraron, se afanan en matizar lo que es obra de sus manos cómplices o bien hacedoras de repetidos crímenes de Estado y maridajes con el narcotráfico y el terrorismo: “Venezuela tiene una democracia, con las mismas fallas que el resto de las democracias en el mundo”, masculla con desfachatez uno de éstos. Pero no falta quien, incluso desde la oposición democrática, se muestre convencido de que en Venezuela lo que hay es un déficit democrático resoluble. Nada más.
Al margen de la propaganda oficial y asimismo de los diagnósticos realizados por la comunidad internacional al respecto, lo que sí preocupa y se observa, por lo mismo, es la afirmación repetida por el común en cuanto a que, a pesar de los pesares, sigue vigente la democracia en Venezuela; ya que el pueblo mayoritario le ha brindado su adhesión a la revolución, hasta ayer. Y se completa el argumento con un sofisma: “Si hay elecciones limpias, las gana de calle la oposición”.
En síntesis, tendríamos democracia porque la mayoría ha querido, hasta ahora, al régimen imperante, incluso si las elecciones no son “limpias”. Aun cuando el ocupante del Palacio de Miraflores se pague y se dé el vuelto en materia legislativa y judicial, o se le pase la mano a los militares o policías que asesinan o torturan sistemáticamente a ciudadanos pacíficos, o acaso mire como cosa ajena o inevitable, el ministro del interior, el “ajuste de cuentas”.
Pues bien, es hora de decir y recordar que una cosa es el espíritu libertario del venezolano, y otra distinta, inmoral y aberrante, que una mayoría pretenda, mediante el voto, legitimar “democráticamente” a una dictadura o elegir como gobernantes a corruptos y criminales, creyendo purificarlos con el agua bautismal de la soberanía.
