La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión expresaron su preocupación por el deterioro del derecho a la libertad de expresión en el país.
En su informe anual el organismo internacional, llama la atención por “la reducción de los espacios de debate público, en perjuicio del derecho a la libertad de expresión libre e independiente y con apego a las garantías consagradas en los instrumentos internacionales de los cuales Venezuela es parte”.
También la Relatoría se pronuncia en torno al incremento en las agresiones, amenazas y detenciones a periodistas, especialmente en el contexto de las manifestaciones sociales y hechos de conflictividad y denunció la continua estigmatización, por parte de altos funcionarios públicos, de medios de comunicación y periodistas críticos, así como la apertura de procesos sancionatorios y los despidos de comunicadores.
Entre las situaciones abordadas en el informe se menciona, además, la persistencia de la escasez del papel de prensa y los bloqueos al acceso a medios de comunicación a través de internet.
En el apartado Censura de material periodístico, despidos y renuncias de periodistas, la Relatoría menciona, como en otros casos, la información presentada por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP): «Las organizaciones participantes afirmaron que la venta de medios de comunicación a nuevos propietarios –cuya identidad permanecería desconocida– habría generado la salida de numerosos trabajadores despedidos o forzados a renunciar».
En este contexto señalaron que los trabajadores han denunciado una escalada en los hechos que vulneran su fuero profesional, a través de la censura de sus textos y malos tratos por parte del patrono, teniendo como consecuencia la salida de al menos 51 periodistas.
Finalmente, frente a los reportes y denuncias de organizaciones venezolanas sobre el patrón de estigmatizaciones, detenciones, agresiones físicas, amenazas, hostigamientos y robo de material contra periodistas y trabajadores de medios durante la cobertura de protestas, la Relatoría recuerda que “el trabajo de periodistas y comunicadores/as y el libre flujo de información es fundamental para mantener informada a la población sobre los acontecimientos, a la vez que cumple un importante rol al reportar sobre la actuación del Estado […] previniendo el uso desproporcionado de la fuerza y el abuso de autoridad. Por esta razón, las autoridades deben otorgar a los y las periodistas el máximo grado de garantías para que cumplan su función”.
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