“Estado y empresarios no han sido diligentes para resolver la tercerización”. La expresión resume el criterio de la alta dirigencia del sector de los trabajadores del país, con relación al vencimiento del plazo establecido en la nueva Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, luego de la vacatio legis concedida, hasta ayer, 7 de mayo de este año.
La afirmación encuentra eco en el sector universitario. Pudiera asumirse que autoridades y gremios tampoco han sido diligentes a la hora de solventar la situación. Según la dirigencia gremial bolivariana, hay aproximadamente 27 mil trabajadores y trabajadoras tercerizados, por lo cual estaría planteada la eliminación de fundaciones vinculadas con las funciones de docencia, investigación y extensión, toda vez que sus integrantes estarían en situación de simulación laboral. Ello significa que deberán ser incorporados a la nómina de sus respectivas casas de estudio.
El Ministerio del Poder Popular para la Seguridad Social y el Trabajo tiene a su cargo lo relativo a dicho proceso y está prestando la asesoría a los organismos del sector público y a las empresas del sector privado. Dicha asesoría incluye la definición precisa alrededor de las funciones básicas que se ejecutan, a través de un “Test de dependencia o examen de indicios”.
El caso del sector universitario, como cualquier otro, reúne particularidades que deben ser analizadas de manera complementaria a los resultados que pueda arrojar el test en cuestión. Sobre todo desde la perspectiva de la justicia social, en tanto finalidad última que traduce el espíritu de lo consagrado en la legislación.
Los institutos de previsión son tributarios, nacen de la obligatoriedad que tienen las universidades de garantizarles la salud a los profesores, según lo consagra la Ley de Universidades. Al conformarse las Asociaciones de Profesores, reclamaron ese derecho y las autoridades universitarias decidieron asumir la prestación del servicio bajo acuerdo conjunto, y se le da continuidad al mismo mediante la figura de una institución o asociación civil en cuya instancia directiva está presente la universidad y el gremio como patrones, tanto en la persona del rector y del vicerrector administrativo o de quienes son designados como sus representantes. Además, la universidad aporta recursos financieros de su presupuesto anual para garantizar el derecho a la salud y también personal, en el caso de cargos directivos, administrativos y de coordinación médica.
Otro aspecto a considerar que tipificaría una situación de discriminación estaría representado por el hecho de que existiesen instituciones paramédicas dentro del mismo sector, prestando salud a los empleados administrativos, pero bajo la tutela directa de la universidad, por un lado; y por el otro, trabajadores desempeñando las mismas funciones pero en situación de precariedad laboral, por efectos del desconocimiento de sus derechos, beneficios y reivindicaciones, establecidas en la contratación colectiva que firmaron al verse obligados por las circunstancias a convertirse en sindicatos.
En medio de la crisis, lo peor que pudiera ocurrir, es que terminemos los profesores asumiendo el costo y financiamiento de la salud, por la falta de diálogo y el “efecto pilatos”, en el caso del IPSPUCLA y la tercerización.
