La presidenta Michelle Bachelet, que vive la mayor desaprobación pública que ha tenido en sus dos períodos de gobierno, anunció este miércoles por la noche que le solicitó la renuncia a todo su gabinete y que se tomará 72 horas para decidir quiénes se quedan y quiénes se van.
La mandataria, entrevistada en el canal 13 de la televisión, hizo el anuncio mientras el conocido conductor Don Francisco (Mario Kreutzberger) la interrogaba sobre las dificultades que atraviesa su gobierno, las cuales han desplomado su popularidad a un 31%. En contraste, cuando fue electa presidenta en diciembre de 2013 tenía el 62%.
«Hace algunas horas le pedí la renuncia a todos los ministros», afirmó Bachelet. «Este es el momento de hacer un cambio de gabinete».
Desde hace meses Chile está sumido en una severa crisis de desconfianza que salpica a opositores y oficialistas debido al financiamiento ilegal de la política por parte de al menos dos grandes grupos empresariales, algunos casos de corrupción y por el tráfico de influencias y uso de información privilegiada. Por estos dos últimos delitos son investigados judicialmente el hijo de la presidenta, Sebastián Dávalos, y su nuera Natalia Compagnon.
Los presidentes de los partidos oficialistas no fueron informados previamente de la decisión de Bachelet.
Jaime Quintana, presidente del oficialista Partido por la Democracia, dijo que «nosotros vamos a respaldar todas» las decisiones de la mandataria.
Por su parte, Jorge Pizarro, líder del oficialista Partido Demócrata Cristiano, señaló estar «muy contento por el anuncio que ha hecho la presidenta», mientras que el diputado Osvaldo Andrade, presidente del Partido Socialista, dijo que «me parece bien; creo que era un tema que se veía venir».
Bachelet declaró que «he considerado hacer una evaluación de gestión y cuál será equipo que me acompañará en un nuevo ciclo».
La semana pasada Bachelet esbozó una serie de proyectos, cambios legales y medidas administrativas para recuperar la confianza de la población en los políticos, las cuales incluyen eliminar la reelección indefinida de los parlamentarios, que en 25 años han rechazado fijarse un tope de años en el cargo.
La desconfianza afecta a oficialistas y opositores, éstos últimos mayormente favorecidos con aportes irregulares o ilegales de empresarios a sus campañas parlamentarias
