Explicar que existen una serie de reglamentos que norman la cantidad de dólares, el monto en que se paga y la manera cómo se liquidan, resulta complejo si se hace frente a quienes jamás han tenido en su país un control de cambio.
Este consiste en la intervención del Estado en el mercado, restringiendo la oferta y la demanda, sumado a una reglamentación administrativa, lo que en opinión del mismo ciudadano se ha convertido en una restricción en la compra de divisas, por tratarse de cantidades insignificantes.
En Venezuela, el más reciente fue instaurado el 5 de febrero de 2003 y aunque ha pasado por más de 12 propuestas de sistema, sigue sin surtir efectos positivos en la economía del país.
La historia de esta política de autoridad monetaria de control, tiene sus antecedentes en 1960, con el gobierno de Rómulo Betancourt, cuando en aquel entonces se intentó a través del decreto Nº 390, frenar la salida de divisas. Y aunque la propuesta no surtió los resultados esperados medio siglo atrás, se sigue insistiendo en el sistema.
Allí se conoció el primer fracaso de un sistema de este tipo en Venezuela.
Controles y devaluaciones
Todo control cambiario es justificado como una intervención necesaria para retener la fuga de divisas, lo que genera incertidumbre en el país. A esto se puede sumar el deseo de evitar la presión que ejerce el mercado cambiario, que a su vez propicia la devaluación de la moneda.
Sin embargo, a juicio de experto, y demostrado por la historia misma, estos procesos de adaptación o modificación de leyes relacionadas a la adquisición de divisas representan implícitamente devaluaciones que redundan en inflación económica, la cual es costeada por los ciudadanos que sufragan sus cuentas.
Así se aprecia en la historia de sistemas cambiarios en Venezuela, que inició en 1964, durante la presidencia de Rómulo Betancourt, quien levantó este, a objeto de generar mejorías en la balanza de pagos. Para ese entonces se fijó un tipo de cambio de Bs/$ 4,50.
La economía venezolana presentaba importantes crecimientos, pero dos décadas después, con el descenso de las importaciones petroleras, se generó una nueva crisis económica que resultó en el Viernes Negro, con lo cual el Gobierno se vio obligado a reconocer que no contaba con los medios para responder con los compromisos extranjeros, prontos a vencerse.
Como medida se adoptó en 1983 otro control de cambio, luego de diecinueve años de un sistema libre y fijo.
Para la fecha se implementó el Régimen de Cambio Diferencial (Recadi), que constaba de una dualidad de mercados fija y variable, para sectores preferenciales y otros.
El sistema preferencial pasó de Bs/$ 4,30 a Bs/$ 6,30. Sin embargo, con el tiempo se acentuó la diferencia en valor de ambas bandas, convirtiéndose en un medio para la corrupción, según opinaron expertos de aquel entonces.
Para 1989 se aplicó un programa de libre flotación con apoyo del Fondo Monetario Internacional (FMI), con una paridad nominal de Bs. 39,60/US, misma establecida durante el control de cambios, lo que implícitamente representaría una devaluación, si se toma en cuenta que existían rubros con precio preferencial de Bs/$ 14,50.
Seguidamente, entre 1992 y 1994 se generaron una sistemáticas minidevaluaciones que situaron la tasa de inflación en 9%. La continua pérdida de reservas internacionales propició entonces el cierre del mercado cambiario entre el 27 de junio y 9 de julio del año.
Luego se implantó un nuevo control de cambio, en el cual las transacciones corrientes y financieras eran calculadas a un precios único de Bs./$140.
Para 1995 se calculaba que la diferencia entre el cambio dictado por el BCV y el mercado libre era del 92%, cifra que pareciera duplicarse en la actualidad, con tres plataformas de cambios, las cuales son diametralmente distintas una de otra, sumado al mercado libre, lo que acentuaría aún más la corrupción, repitiendo lo ocurrido con Recadi, como ya lo han expresado expertos.
Entre la teoría y la realidad
Al definir las características del control cambiario, como sistema regulatorio, expertos aseguran que en este los mecanismos normales de oferta y demanda, son omitidos en la operación, sumado a que la reglamentación administrativa para su control es determinada por el gobierno, lo que restringe la entrada y salida de divisas.
Entre los beneficios de la implementación de este destacan: Garantizar la provisión de dólares para los bienes y servicios básicos e importación de productos esenciales, lo que permitiría evitar alzas especulativas en los precios; inducir una estabilización y reducción en la tasa de interés; y evitar el incumplimiento de las relaciones y compromisos comerciales con instituciones extranjeras.
Por tanto, dicho control debería limitar la importación de productos y e impulsar la producción nacional, ya que esta debería suplir aquellos productos que no ingresas del extranjero.
Sin embargo, este también comprende una serie de desventajas, como: estimulo a la formación de un mercado, restricción en la libre elección del consumidor y corrupción en todos los niveles sociales.
Cronología del actual control
El actual Sistema de Control Cambiario inició a principios de 2003, a una tasa de Bs. 1.600 por dólar, por supuesta “fuga de capitales” y luego del paro petrolero de 2002.
Para este entonces crean la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi). Un año después se devalúa la moneda y se fija la tasa oficial de Bs. 1.920 por dólar.
Para marzo de 2005 se realizó otra reducción del valor de la moneda nacional en Bs. 2.150, para tres años después eliminar tres ceros a la moneda y crear la unidad monetaria “Bolívar Fuerte”, por lo que el cambio pasaría a Bs. 2,15.
El 8 de enero de 2010 el gobierno anunció una nueva devaluación al incrementar el tipo de cambio a Bs 2,6 para sectores prioritarios y Bs 4,3 para el resto.
Cinco meses después entró en vigencia el Sistema de Transacción de Títulos en Moneda Extranjera (Sitme) y se fijó como tasa oficial Bs 5,30 por dólar, que podría ser utilizada para importaciones no prioritarias y con extremas limitaciones.
En diciembre del mismo año se suprime o unifican las dos tasas de cambio y se establece como tasa única Bs. 4,30 por dólar. Medida que entraría en vigencia en 1 de enero de 2011.
Dos años después se elimina el Sitme y genera otra devaluación de la moneda nacional pasando de Bs 6,30 por dólar.
En 2013 apareció el Sistema de Administración de Divisas (Sicad) y este trabajó en conjunto con Cadivi. Aunque el gobierno no lo reconoció así, y tampoco publicó el valor de la nueva tasa, se interpretó este paso como una nueva devaluación, de hecho, en algunos medios se divulgó que la subasta de 22 de octubre del mismo año fijo tasa en Bs/$ 11,50, casi el doble de su valor oficial.
En enero de 2014 Cadivi pasó a formar parte del Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex) y en Venezuela se comienza a manejar un sistema doble: Bs/$ 6,30 para alimentos y medicinas y Bs/$ 11,70 para el resto del mercado.
Un mes después el gobierno modificó la Ley de Ilícitos Cambiarios para crear Sicad II, con el propósito de “pulverizar el dólar negro” y atender a más sectores económicos, incluso, personas naturales.
Pero en febrero del presente año se anunció que Cencoex mantendría su tasa para medicinas y alimentos; se unificarían las versiones de Sicad para crear Sicad Unificado, también fijado por subasta, y que aún no ha arrancado; y se crearía el Sistema Marginal de Divisas (Simadi), cuyo precio fluctuaría en relación de la oferta y la demanda.
Sectores económicos se han quejado por la poca transparencia en la asignación de dichos montos y la escaza oferta de Simadi.
