Siete funcionarios de la Policía del estado Lara, tres de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y dos de la Policía Municipal de Iribarren (PMI) fueron detenidos por el Grupo Antiextorsión y Secuestro (GAES) Lara, tras capturarlos en flagrancia, presuntamente, extorsionando.
En hechos aislados ocurridos, solamente en el mes de abril.
A pesar que la ciudadanía en general, debería tener confianza en los cuerpos de seguridad del Estado, hoy día temen al ver una alcabala, según declara el abogado Efraín Motolongo, quien tiene una especialización en derecho procesal penal y en laboral, además de ser profesor universitario.
Según él, la sensación de inseguridad invade a la población al ver la presencia de un efectivo, “pues piensan que los van a ‘matraquear’”.
A su juicio, no hay cuerpos de seguridad sino lo que ha denominado sistema de mafias policiales, “la principal razón por la que los uniformados usan su institucionalidad para delinquir es la falta de supervisión por parte de sus superiores”.
Manifiesta que los de menor rango que andan en la calle en labores de patrullaje, lo hacen por su propia cuenta, “y se aprovechan de algunas personas que poseen antecedentes penales para ‘sembrarlos’ a pesar de no estar haciendo nada malo, pero como ya poseen un historial, lo obligan a que les den dinero”.
Para Motolongo, existen otro tipo de fallas; “cuando hacen un procedimiento de rutina, no dejan constancia de lo que hacen. No hay supervisión física ni tecnológica”, insiste.
Comenta, que los mismos uniformados, empiezan a desvalorizar las normativas legales vigentes, cuando se les observa en centros de juegos como Parley en lugar de llamar la atención.
No hay selección
El profesor universitario, dice que al momento de realizar la selección de los hombres y mujeres que formaran parte de los cuerpos de seguridad, lo hacen sin ningún tipo de distinción, “muchos no están preparados, otros no tienen vocación de servicio y eso es un grave error, porque les dan un uniforme y una pistola a personas inescrupulosas que de inmediato se sienten con poder”.
Allí es donde se pregunta: “¿dónde están los supervisores de los cuadrantes? por qué no les hacen seguimiento al trabajo que realizan?”.
Propone que a través del sistema de Servicios de Emergencia 911 se haga un seguimiento o a través de las cámaras de televigilancia.
Invitó tanto a los gobernadores como al ministro de Interior Justicia y Paz, a que coloquen en las patrullas policiales, cámaras de seguridad.
“Así, cuando se va a los tribunales, se tiene más claridad de lo que ocurrió y se puede verificar que hayan tratado al ciudadano como debe ser: con respeto”.
Agravantes legales
El abogado con especialización en derecho procesal penal, explica que el hecho de ser un funcionario del Estado, es un agravante, pero los delitos dependerán del acto delictual cometido.
“Si usan el arma de fuego y uniforme también es un agravante. Puede haber asociación para delinquir”.
Califica de ilógico, el hecho que un funcionario de seguridad, a quien el ciudadano de a pie, deberían tenerle el sumo respeto, sea todo lo contrario,
“Son delincuentes vestidos de policías, por eso no debe haber ningún tipo de distinción a la hora de enviarlos a cumplir la pena, porque es muy diferente cuando se trata de un efectivo que usó su arma de reglamento, en un enfrentamiento para resguardar su vida o a la de algún inocente”.
Bajos sueldos
No cabe dudas, que los funcionarios policiales, a pesar de realizar labores de alto riesgo, sus beneficios y/o remuneraciones no son los mejores.
Los especialistas en la materia aducen que eso, pudiera ser una causante por la cual delinquir, sin embargo, cuando están en medio de su preparación.
“En muchas ocasiones han habido denuncias de robos de vehículos, al día siguiente los policías se lo llevan a casa de sus propietarios y le cobran entre 15 y 20 mil bolívares sin realizar el procedimiento correspondiente de llevarlo a la fiscalía del Ministerio Público. Por eso, muchos de ellos, están inmiscuidos en estas acciones, ya que, si son dos o tres al día, pueden multiplicar en un día, el salario mensual que devengan”; puntualizó Motolongo.
Casos emblemáticos
En enero de 2014, siete funcionarios de distintos cuerpos de seguridad del Estado, fueron detenidos por el robo y posterior extorsión.
En enero de este año, dos policías se dirigieron al lugar de trabajo de la víctima, a quien se llevaron y exigieron la cantidad de 30 mil bolívares, de lo contrario, lo involucrarían en una acción delictiva.
Adicionalmente, después de despojarlo de sus pertenencias, ambos oficiales le habrían asegurado que si no cancelaba la suma exigida, le iban a dar muerte a su esposa y a toda su familia.
El 21 de enero, los efectivos militares coordinaron una entrega vigilada, la cual se realizó en la Plaza La Ermita, en Quíbor, donde aprehendieron de manera flagrante a los dos oficiales de la policía.
Sin miedo a denunciar
No tenga miedo. Si usted es víctima de un hecho de extorsión o secuestro, así sea funcionario policial, diríjase hasta la sede del GAES, ubicada en la urbanización Vista Real, sector El Piñal, detrás de un reconocido restaurante, al este de Barquisimeto.
También puede llamar al 0416 6115193 o al 0251 2559373, igualmente escribir un correo electrónico a [email protected] o en Twitter @gaes__lara para que los funcionarios realicen las respectivas actuaciones y den con la víctima.
El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, al igual que la Dirección de Seguridad y Orden Público de la región, han dispuesto de números telefónico y correos electrónicos a disposición de los ciudadanos.
