Para una persona con discapacidades, visuales, motoras, auditivas o cognitivas, que viva en Venezuela, las facilidades para movilizarse, especialmente en espacios públicos, prácticamente, salvo muy mínimas excepciones, son inexistentes, lo que pueden comprobar, o padecer, quienes se atreven valientemente a salir a la calle.
Como ya reseñamos en el trabajo anterior, faltan rampas para acceder a las aceras y el transporte público les está vedado, con parciales excepciones.
Obligatoriamente muchos de los discapacitados tienen que depender de implementos para movilizarse, en especial sillas de ruedas o bastones, pero, allí también está el problema, por lo inaccesible que, debido a los altos costos, resulta su adquisición.
“Una silla de ruedas estándar, de la más sencilla, está por el orden de los 20 mil bolívares en Venezuela, cuando en los Estados Unidos su costo no pasa de los 100 dólares”, explica Yuyita de Chiossone, quien desde hace años preside el Banco de Sillas de Ruedas (Bandesir)”, institución que totaliza 4.782 pacientes con deficiencias motoras atendidos desde su fundación en 1984.
Con un valioso grupo de colaboradoras y colaboradores hasta la fecha ha registrado 12 mil personas con diferentes discapacidades.
Recomienda al Gobierno nacional permitir las importaciones a dólares preferenciales para favorecer a tantas mujeres y tantos hombres y niños que dependen de esos implementos para movilizarse.
Hay otros tipos, los destinados a cuadraplégicos, necesarios para quienes deben mantener la cabeza reclinada, cuyos precios son prohibitivos, de allí que los pacientes deben resignarse a permanecer en camas, prácticamente impedidos de recibir la luz solar con la regularidad necesaria.
Y si nos referimos a las que tienen motor, son inaccesibles para personas de pocos o medianos recursos, pues sus precios son similares a los de una moto de alta cilindrada.
“Tampoco existen los bastones cuatro puntas”, advierte Chiossone.
Se trata de bastones con una base al final que permiten mayor seguridad a la persona y se les considera más manejables que las andaderas, pero desde hace algún tiempo tampoco llegan a las tiendas especializadas.
Algunos logran traer sillas y bastones del exterior, en especial de Estados Unidos, pero no todos los discapacitados cuentan con los recursos económicos necesarios para hacerlo, sobre todo porque el Gobierno nacional no parece tener intención alguna de favorecer a quienes el destino les condenó a no poder caminar.
Ante el cierre de sus importaciones quienes requieran ese tipo de implemento deben esperar que otros los dejen de usar para, luego de ciertas reparaciones, tenerlos a su disposición.
Con los bastones cuatro puntas, no existentes en el mercado, ocurre lo mismo que con las sillas de ruedas, solo disponibles algunos usados.
“Afortunadamente, ante la necesidad, han surgido personas dedicadas a repararlas, como Miguel Albujas, un técnico eléctrico discapacitado a raíz de un accidente laboral, que tiene un tallercito donde ha logrado recuperar unas cuantas y de esa forma favorecer a sus dueños”, dice Chiossone.
Otras sillas, sin más posibilidades de recuperación por el estado en que se encuentran, son utilizadas como repuestos.
Afortunadamente existen personas de buen corazón que, por no requerir ya ese tipo de equipos, los donan a Bandesir para beneficiar a otros.
Se recuerda que hace algunos meses la gobernación donó varias sillas impulsadas por baterías, pero por falta del debido mantenimiento, y de repuestos, la mayoría están “arrumadas”.
Estas donaciones se hacen a través de instituciones como Bandesir y FLAI, que, a pesar de no recibir apoyo oficial de ningún tipo, y por ende carecer de recursos económicos, sigue prestando atención a mujeres y hombres discapacitados gracias a la buena voluntad de un grupo de personas a quienes Dios encomendó la noble misión de ayudar a esas que, con sus deficiencias, luchan cada día para no sentirse de quinta categoría sino de primera, merecedoras del respeto y consideraciones de la sociedad.
Ordenanza para personas con discapacidad- Alcaldía de Iribarren
Art. 16.-El Municipio creará programas y fortalecerá los existentes proveyendo oportunamente los recursos necesarios para la dotación de ayudas técnicas, obtención, reparación, adquisición y mantenimiento de los aditamentos ortopédicos, prótesis u otros que sirvan de complemento en el proceso de habilitación y rehabilitación de las personas con discapacidad con el propósito de incluir e integrar al grupo familiar para facilitar la integración holística.
Art. 31.- Los proveedores de ayudas técnicas, bienes y servicios útiles o necesarios para personas con discapacidad que incurran en especulación o cobro excesivo u ocultamiento de inventarios o disminución de calidad, serán sancionados con multa de 100 U.T. a 2.000 U.T.
Por su integración social
El Consejo Estadal de Atención a Personas con Discapacidad (Ceapdis-Lara), dependiente de la gobernación, busca la integración social de esas personas con la ejecución de algunos programas.
El organismo está presidido por la abogado Mayelis Pérez Serradas y de manera individual o conjuntamente con otros como Fundasalud, Fusel, Desarrollo Social o Fundela, están al tanto de la situación de esas personas en condiciones especiales.
Entre los programas está el de Discapacidad Activa, de obligatorio cumplimiento en todos los municipios, que hasta la fecha tiene registradas 5.000 personas en el estado Lara.
Igualmente, prevé la conformación de comités comunitarios para personas con discapacidad; sensibilización y concientización para la prevención de la discapacidad; ayuda para la inserción laboral; asistencia médica; donación de ayuda técnica; asesoría legal y canalización de denuncias y asesoría técnica para la canalización de proyectos socio productivos.
