Un anuncio esperado por todos. El porcentaje de aumento de sueldo mínimo, vía decreto presidencial, se ha convertido en una de las noticias más esperadas en el año.
Los trabajadores abogan para que el monto sea el más elevado, mientras que los empresarios esperan que la cifra se ajuste a su presupuesto.
Lo cierto es que, en torno a la información ofrecida en la disertación presidencial de 1° de Mayo, Día del Trabajador, se generó una cultura de rumores, augurios y desazón que no termina de complacer a toda la población; en especial cuando denuncian que el sueldo cada vez les alcanza menos.
Tras el anuncio de 30% en el salario mínimo, de manera fraccionada (mayo y julio), diversos han sido los análisis que se hacen respecto a cómo influye en los sectores productivos del país.
El economista Maxim Ros aseguró que “un porcentaje inferior al índice de inflación no será un mejoramiento de la capacidad de compra, por el contrario, mantendría la pérdida de salario real”.
Mero formalismo constitucional
Por su parte, Juan José Pérez, director de la escuela de Economía de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA), recordó que según los artículos 91 y 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) existe una obligatoriedad del Gobierno de realizar adecuaciones anuales de los salarios, con base en el comportamiento de la inflación.
No obstante, en la actualidad sólo se decretan ajustes salariales que tienen como propósito, responder a una mera formalidad, sin atender la verdadera situación económica.
Pérez estimó que el Ejecutivo nacional no evalúa la cifra de inflación anualizada, sino la acumulada desde enero de 2015 hasta el pasado 30 de abril del mismo año, para luego ajustar esta en varios tramos, es decir, varios incrementos al año. Y en función de esto, calcular el aumento salarial.
En su opinión, los aumentos por decreto presidencial, representan para la población un agravamiento de su poder adquisitivo, ya que estos porcentajes indicen en la inflación, que luego se “carcome” los mismos sueldos ajustados.
“El Gobierno solo cumple con un formalismo de precepto constitucional… Pero siempre estamos rezagados”, comento Pérez, quien sostiene que estos ajuste no reportan beneficios para el ciudadano.
Prácticas constante y errada
Respecto a la práctica constante del Gobierno, de aumentar el sueldo mínimo y no hacer frente a los problemas de inflación, Maxim Ross refirió que si bien ha sido este un recurso persistente del Ejecutivo nacional ha sido errado, ya que el propósito principal debería ser abatir la crisis económica del país.
“Tienen un problema inflacionario y no logran resolverlo, por lo que no ven otro remedio que aumentar constantemente los salarios”, comentó Ross, quien subrayó que es necesario que esto ocurra en conjunto con un aumento de la producción.
“En un país donde se hacen la cosas bien, el aumento de precios tiene relación con la productividad y la estabilidad de la economía, pero en Venezuela no es así”.
Señaló que al carecer de políticas antiinflacionarias, no se tiene más remedio que aumentar el sueldo mínimo y aumenta la inflación.
