Un total de 1.711 personas han sido privadas de libertad, por estar incursas en los delitos de contrabando y acaparamiento, reveló este viernes la fiscal general de la Nación, Luisa Ortega Díaz, quien advierte que quienes conspiran contra la economía, se han encontrado de frente con la actuación de los fiscales y directores de esta dependencia.
Advierte que no solo han atacado estas acciones delictivas, sino que han adoptado medidas preventivas de aseguramiento de bienes, que permiten disminuir la capacidad punitiva de estas estructuras organizativas delicuenciales.
«Por esta razón he decidido fortalecer a este equipo que está trabajando en esta área».
Ratificó a la doctora Yurima Gil, directora general contra la Delincuencia Organizada y designó, en todo el territorio nacional, a 185 fiscales para que trabajen en esta área, a objeto de fortalecer esta actividad «para luchar contra estos factores que pretenden desestabilizar económicamente al país». Un total de 131 fiscales regionales y 27 fiscales a nivel nacional estarán trabajando en esta tarea.
Por otra parte, exhortó a los funcionarios que trabajan en la administración pública, a denunciar cualquier hecho de corrupción que se esté produciendo en el organismo donde trabaja.
