Alejandro Natera, presidente del Concejo Municipal de Iribarren, desmintió las declaraciones del concejal de la bancada opositora, Joel Mendoza, quien afirmó que han sido incorporadas 167 personas, presuntamente activistas políticos del PSUV, a la nómina de este parlamento en el período 2014-2015.
“Juro por las más sagrado que las acusaciones del concejal Joel Mendoza son falsas. Él se metió en un gran problema al señalar a varias personas como trabajadores del Concejo Municipal de Iribarren, entre ellas, a Carlos Sieveres, integrante del grupo FRIO, a quien se le otorgará un derecho de palabra en la plenaria para que frente a él, Mendoza presente las supuestas pruebas que posee”, dijo.
Asimismo, enfatizó que el concejal Joel Mendoza, no es el más indicado para hacer esa denuncia, tomando en consideración que tiene familiares directos que laboran en la Alcaldía del municipio Iribarren. Su hijo, cuyo nombre es Joel Mendoza, es secretario privado del alcalde Alfredo Ramos y su hermano, José Gregorio Mendoza, es el director de los Cementerios Municipales. “En cambio yo (Alejandro Natera) no tengo ningún familiar trabajando en la Cámara Municipal. Por eso, cuando hago alguna denuncia la hago con fundamentos”.
Por otra parte, informó que en los próximos días solicitará a la Fiscalía General de la República la intervención del Concejo Municipal de Iribarren y las 58 direcciones dependientes de la Alcaldía, para que la justicia determine quiénes son los que incurren en hechos de corrupción en la entidad.
Juramentación en Caracas
Los 54 ediles de la bancada oficialista en el estado Lara, asistirán este lunes 27 de abril al Teatro Principal de Caracas, para participar en la juramentación de la Red Nacional de Concejales Eliezer Otaiza. Encuentro que servirá para que los concejales debatan, entre otros temas de importancia nacional, sobre las reformas de las ordenanzas de cada uno de sus municipios.
Defiende su posición
El concejal Joel Mendoza reafirmó que sus declaraciones son ciertas. Explicó que en el año 2014 fueron contratadas en la Cámara Municipal 65 personas y 72 en lo que va del 2015, para un total de 137 hasta la fecha. La mayoría de estos trabajadores según el edil, son activistas políticos que fueron empleados para ejercer el cargo de asistentes de oficinistas.
“Estas personas que están plenamente identificadas, fueron contratadas para ejercer una labor y no la cumplen; tenemos pruebas de ello. Nos preocupa muchísimo que le estén cancelando un sueldo a una gente que se dedica únicamente al proselitismo político en el parlamento”, comentó.
De igual forma, señaló que las 137 contrataciones no fueron discutidas y aprobadas en la plenaria, “como es el deber”. Aseguró que esas decisiones, al igual que muchas otras, han sido tomadas a puerta cerrada por los concejales oficialistas.
Con relación al hecho de que dos de sus familiares presten sus servicios en la Alcaldía de Iribarren, el concejal expresó: “Ciertamente mi hijo y mi hermano trabajan allá, pero eso no es un delito ni tampoco está prohibido en los reglamentos internos de la Alcaldía. Además, ellos sí tienen cómo comprobar que cumplen todas las funciones de los cargos que ocupan, a diferencia de otras personas”.
