Por supuesto que Olavarriaga hace mención de todas las diligencias gubernamentales, para impedir la producción y consumo de estos aguardientes criollos pero comenta que las mismas más bien han producido ciertos daños como, por ejemplo, la adquisición de aguardientes de trigo de los holandeses a precios menores y dejar que las ganancias que pudieron quedarse en la provincia aprovechen a los holandeses y franceses que venden licores de contrabando a los venezolanos.
Acerca de los trapiches que existían para la época en Venezuela dice haberlos en Araure, Tocuyo, Carora y de Caracas y su jurisdicción escribe: “…tienen también diferentes trapiches y terreno suficiente para alargar los que tienen hechos que dieran grandísima abundancia de azúcar, pero se mantienen hoy en lo necesario que gasta la jurisdicción”. (Op. cit., p. 59)
Así a la luz de los comentarios que anteceden acerca de la elaboración de azúcar y, consecuentemente, la destilación de aguardiente de caña sin la aceptación legal por parte de las autoridades, no por razones higiénicas como lo comenta Polanco Martínez, sino para proteger el monopolio concedido a comerciantes canarios, cabe imaginar cuanto más estrictos serían las autoridades civiles en relación con la posibilidad de consumo de los zumos producido por el cocuy aunque éstos, en términos económicos, no afectaran mayormente el comercio licorero canario, pero en este caso de la ingesta de la penca del cocuy asado por parte de los indios naturales que la consumían, otro poder gravitaba sobre ellos: el de los frailes y curas que veían en estas prácticas ancestrales la influencia de los demonios sobre el alma inocente de los aborígenes que ellos intentaban ganar para las filas de la “civilizada” cristiandad.
Pero los criterios políticos se modifican de acuerdo con las circunstancias que los originan.
Polanco Martínez dice que “…ya para los albores de la centuria decimoctava esa situación de privilegio [del comercio canario], debía encontrarse muy atenuada, si no desaparecida del todo, pues está probado que funcionaban alambiques en el valle de Caracas y otros sitios para esa época…” y para 1750, se registra que existían solamente en la jurisdicción de Nueva Segovia unos 63 trapiches en muchos de los cuales se producía aguardiente, registrándose que se produjeron 110.000 pesos anuales en aguardiente y, no sabemos si para esa misma época, se creó un impuesto llamado tafia , del que posteriormente habló Depons, que se aplicaba tanto el aguardiente de caña, a otros licores y a los guarapos de papelón.
Así las cosas, consta que hacia 1776 se cobraban oficialmente impuestos y el aguardiente era un ramo importante de las rentas que los municipios remataban con el fin de reunir dinero, no de manera mensual sino la totalidad de un determinado ramo.
Carlos Bujanda Yépez, cita, de un informe del cabildo tocuyano del 30 de julio de 1766, lo siguiente:
“En todas las vegas que ofrece el dicho río Tocuyo que coje de distancia en esta jurisdicción desde su nacimiento hasta el sitio llamado Maracas, como 18 leguas, hay fundadas haciendas que vulgarmente se llaman trapiches, en donde se fabrican azúcares, papelones, omelotes, que fue el fruto con que principalmente se fundó esta ciudad con el que se hallaba abundante de todo, porque no fabricándose dichos dulces en otras ciudades de esta provincia, ocurrían a ésta a comprarlos a 10 pesos carga de papelones y a 6 pesos de arroba de azúcar, en cuya posesión estuvo esta ciudad más de cien años después de su fundación; pero el día de hoy como se han construido haciendas de dichos trapiches o ingenios en todas Ciudades y Villas de esta provincia, han tomado tal decadencia en su estimación dichos frutos que ha muchos años que la carga de papelón vale 4 ó 5 pesos y la arroba de azúcar 3 o 2 reales, lo que ha atrasado mucho a esta ciudad poniéndola en una gran miseria”.
