Representantes de diversos sectores de la sociedad civil plantearon este miércoles en rueda de prensa, una propuesta programática del Proyecto de Ley de Amnistía en beneficio de aquellas personas sancionadas por el Ejecutivo nacional.
La iniciativa la encabeza la ONG Movimiento Vinotinto y está respaldada por representantes de la Mesa de la Unidad Democrática, Fedecámaras Lara, Central de Trabajadores de Venezuela, Cámara de Industriales, Colegio Nacional de Periodistas-Lara, Red de Instituciones Larenses, Funpaz, Cátedra de Derechos Humanos de la UCLA y dirigentes estudiantiles.
El abogado Manuel Virgüez, miembro del Foro Penal Venezolano, expresó que la propuesta para una Ley de Amnistía tuvo especial preponderancia en 2014, sin embargo, la coyuntura social que atraviesa la sociedad venezolana, relegó el instrumento a un segundo plano.
Recordó que en noviembre del año pasado se presentó un proyecto de Ley de Amnistía Política para la Reconciliación Nacional, el cual fue rechazado e ignorado por la bancada del Gran Polo Patriótico.
“En virtud del tiempo y de la defensa de los derechos civiles y humanos, nos vemos en la obligación de reiterar que no solo el sector político se ha visto perjudicado o ha sido sancionado penalmente; incluso desde el año 2002”.
Una amnistía, prosiguió, es un perdón, una de las tres formas que prescribe la acción penal o la investigación penal sobre un individuo vinculado a un hecho punible.
No es la primera vez que este instrumento se propone en el país, la última data del año 2000 y en ese momento se beneficiaron aquellas personas que participaron en la intentona golpista del 4 de febrero y el 27 de noviembre de 1992.
“Hoy nosotros planteamos un proyecto bajo el título de Amnistía General para la Reconciliación Social y Política ya que entre el año 2002 y 2012 hubo cerca de 500 presos por motivaciones políticas, de los cuales aún permanecen privados de libertad el comisario Iván Simonovis en situación de arresto domiciliario y los cinco policías metropolitanos en la cárcel de Ramo Verde”.
Entre 2013 y 2015, no solamente han sido sancionados o investigados aquellos que de una u otra forma han participado en el contexto político.
“A un promedio de 4.000 personas, quienes participaron en manifestaciones públicas en 2013, 2014 y 2015, se les han levantado expedientes penales. Por otro lado, periodistas y reporteros gráficos, en su libre ejercicio de la profesión, también han sido objeto de sanciones desde el año 2002 hasta la fecha”.
Agregó que el sector empresarial y comercial, también se encuentra afectado.
En 2014 entró en vigencia la Ley Orgánica de Costos y Precios Justos, resultando sancionados más de 4.000 personas por motivaciones de su libre ejercicio en su función económica.
“En el plano sindical, desde el año 2002, unos 500 dirigentes han sido objeto de sanciones penales, al momento de accionar su legítimo derecho a las reivindicaciones generales, con mayor énfasis en las empresas del estado”.
En ese sentido, el futuro proceso de Amnistía, en el escenario actual, debe partir de los sectores afectados, enfatizó el abogado.
“Creemos que es hora de conceder ese perdón. También deben ser beneficiados aquellos periodistas y reporteros gráficos sancionados o investigados. En el ámbito empresarial y comercial existe un compendio de leyes que lejos de solucionar algo, se han convertido en el origen de tantos problemas, como la Ley de Precios Justos y de Ilícitos Electrónicos”.
En el plano sindical, la Ley Orgánica para la Seguridad de la Nación, contempla que no se puede realizar ningún tipo de actividad que perturbe el libre desenvolvimiento de ciertas zonas.
Los trabajadores de las empresas básicas de Guayana fueron precalificados con esos delitos. La Ley Orgánica de Precios Justos también criminaliza el libre ejercicio a la protesta sindical y laboral.
“Todos estos sectores deben ser beneficiados por una futura Ley de Amnistía General para la Reconciliación Social y Política. Distintas ONG’s llevan un registro de todas las sanciones e investigaciones”.
El asesor jurídico aclaró que de ninguna manera el proyecto plantea la impunidad.
“Hay personas que no pudieran beneficiarse de esa Ley, como aquellas vinculadas a los homicidios por motivos fútiles y nobles, aquellos particulares o funcionarios militares que hayan participado en el delito de lesiones graves o aquellos que hayan incurrido en los delitos contemplados en la Ley Especial contra la Tortura y Tratos Inhumanos y degradantes. La reconciliación va de la mano con la justicia”.
El movimiento planteó un gran debate nacional a partir de esta propuesta programática del Proyecto de Ley de Amnistía.
“Sabemos que en este momento y en estas condiciones ese proyecto de Ley no está para ser aprobado por el actual parlamento, sin embargo, creemos que en corto plazo pudiese haber un cambio”.
Apuntó la Ley de Amnistía sería el primer paso de una hipotética nueva Asamblea Nacional.
“No solamente sería el perdón, sino que también plantearíamos la destrucción de los expedientes que reposan en los tribunales y que sean suprimidos de los sistemas de Intranet el registro de esas personas”.
