Venezuela rechazó las afirmaciones que realizó un funcionario del Departamento de Estado sobre las sanciones impuestas a un grupo de oficiales venezolanos, y señaló a Washington de tratar de torcer el brazo a los países.
A pocas horas del pronunciamiento que realizó la Casa Blanca que trató de suavizar la declaración que hizo el mes pasado al considerar a Venezuela una «amenaza extraordinaria e inusual», la Cancillería venezolana criticó con dureza los comentarios que realizó la víspera el Coordinador de Política de Sanciones del Departamento de Estado, Daniel Fried, que planteó en una visita a Madrid que las sanciones aplicadas a un grupo de funcionarios fueron en solidaridad con los venezolanos.
El Ministerio de Relaciones Exteriores objetó en un comunicado, que fue difundido la noche del martes, las afirmaciones de Fried considerándolas como «injerencistas» y «cínicas», y señaló que se «intenta justificar la agresión sistemática» de Washington contra Venezuela.
La Cancillería indicó que los comentarios del funcionario estadounidense evidencian «la acción reiterada del gobierno estadounidense que busca, infructuosamente, torcer el brazo de los pueblos que decidieron dejar atrás el lastre colonial».
El presidente venezolano Nicolás Maduro consideró el martes como «muy interesantes» los comentarios que realizó el asesor presidencial sobre Seguridad Nacional, Ben Rhodes, que indicó que Estados Unidos no cree que Venezuela represente una amenaza, y que sostuvo que la resolución ejecutiva sobre el país suramericano es «completamente proforma».
Maduro reiteró que estaba abierto a tener vínculos de amistad con Estados Unidos, pero con respeto. El mandatario anunció que el gobierno había recolectado unos 9 millones de firmas contra el decreto estadounidense que declaró a Venezuela una amenaza para Estados Unidos. Las autoridades venezolanas esperan entregar esta semana las rúbricas en el marco de la Cumbre de las Américas, en Panamá.
Por otra parte, Maduro anunció el martes la designación en nuevos cargos de dos de los siete funcionarios que fueron sancionados por Estados Unidos.
La fiscal Katherine Harrington fue nombrada como viceministra del Sistema Integrado de Investigación Penal, mientras que Manuel Pérez Urdaneta pasó al viceministerio de Prevención y Seguridad Ciudadana después de dirigir la Policía Nacional Bolivariana.
El mes pasado el gobernante nombró al mayor general Gustavo Enrique González López, quien fue otro de los sancionados por Estados Unidos, como ministro de Relaciones Interiores. González López venía de desempeñarse como director general del Servicio Bolivariano de Inteligencia.
Las relaciones entre Washington y Caracas entraron en una crisis el mes pasado luego que el presidente estadounidense Barack Obama emitió un decreto que declaró a Venezuela una amenaza extraordinaria para la seguridad nacional, y se decidió congelar los bienes de siete funcionarios venezolanos señalados por supuestas violaciones a los derechos humanos y corrupción.
Washington emitió las medidas días después que Maduro acordó la reducción del personal de la Embajada de Estados Unidos en Caracas y la exigencia de visa para los turistas estadounidenses.
A pesar de las tensiones diplomáticas y estar sin embajador desde 2010, ambos países mantienen un intenso intercambio comercial.
