Es necesario que el Consejo Nacional Electoral fije a la brevedad posible la fecha de las elecciones parlamentarias, pues no tienen ningún impedimento para tomar esa decisión que tanto preocupa a los venezolanos.
La solicitud fue realizada por el abogado y dirigente nacional del partido Primero Justicia, José Gregorio Correa, quien cuestionó que ya los rectores del poder electoral tienen cuatro meses en sus cargos y todavía no se han pronunciado respecto a los comicios parlamentarios.
“Es inconcebible que el directorio del CNE, a cuatro meses de haber sido designado por la Asamblea Nacional, específicamente en diciembre del 2014, aún mantenga en incertidumbre e inseguridad jurídica al país, en cuanto a fijar la fecha de los comicios para la designación del nuevo Poder Legislativo.
Qué explicación pueden dar, cuando los dos sectores más importantes de la población agrupados en la Mesa de la Unidad Democrática y el llamado Gran Polo Patriótico, ya tienen fijadas las fechas de sus elecciones primarias y consenso, para unos sufragios inexistentes para los actores involucrados en el tema», detalló.
Explicó que el llamado es que los rectores cumplan con sus obligaciones previstas en el Capítulo quinto «Del Poder Electoral» de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, «muy concretamente los artículos 293, numeral 5, que señala como deber del CNE y cito: La organización, administración, dirección y vigilancia de todos los actos relativos a la elección de los cargos de representación popular de los poderes públicos, así como de los referendos.
Así como el artículo 298 de la Carta Magna, en su totalidad que establece: La ley que regule los procesos electorales no podrá modificarse en forma alguna en el lapso comprendido entre el día de la elección y los seis meses inmediatamente anteriores a la misma».
Por último, el jurista y concejal de Primero Justicia en el municipio El Hatillo de Caracas, exhortó a las autoridades electorales a fijar la fecha electoral de una vez por todas y cumplir con el ordenamiento jurídico que manda la Constitución.
