A un año de las concentraciones que ocurrieron en todo el país, defensores de los derechos humanos del país creen que en Venezuela se criminalizó la protesta con consecuencias graves.
“En Venezuela es más grave protestar que asesinar. La protesta es un delito para el Gobierno venezolano porque se trata de un mecanismo legítimo para reclamar la reivindicación de los derechos. Es el principal vehículo para exigir justicia y eso genera molestia”, comenta Manuel Virgüez, representante de Funpaz.
Virgüez recuerda que las protestas, solamente en Barquisimeto, Cabudare y Carora, generaron 400 detenciones.
De esa cifra a 284 personas le dictaron medidas cautelares y otorgaron 14 privativas de libertad.
Nueve siguen presos, entre ellos ocho por el caso Saime, quienes permanecen encerrados en los calabozos de la Comandancia de la Policía del estado Lara.
Lamenta Virgüez que también se contabilizaron 246 personas lesionadas al ser impactadas por metras, perdigones, golpizas y proyectiles. Sostuvo que también hubo 13 casos de tortura entre ellos de siete mujeres.
“Es lamentable pero en Venezuela la estela de impunidad incrementó, porque el 91% de los casos de lesiones y muertes en las protestas no se investigó, en la mayoría de los hechos ni se inició una averiguación”.
Falta de estrategia
El penalista considera que muchas protestas fueron promovidas sin fijar unos objetivos logrables y eso en ocasiones desvirtuó al grupo de lo que era el sentido de la movilización, lo cual generó episodios de anarquía.
“La mayoría de las protestas no fue programada sino que surgió de manera espontánea, eso pudo generar anarquía pero la verdad es que el Gobierno fue ferozmente represivo.
Quienes salieron a protestar recibieron un tratamiento peor que el dado a los delincuentes”.
Virgüez asegura que ese trato sembró temor en la población para manifestar nuevamente.
“Hay miedo de salir a protestar, pero la gente está a la espera de que algo ocurra para salir”.
Sin éxitos
Pedro Troconis, representante del Foro Penal, cree que las manifestaciones no tuvieron el éxito que se esperaba, porque según él, en la actualidad la población en general se muestra indiferente ante la situación del país.
“No podemos decir que las protestas del año pasado fueron un éxito cuando hoy vemos personas sumisas ante el Gobierno, conformes ante la escasez, colas e inseguridad. No ha habido el apoyo que merecían los manifestantes. Estamos ante un pueblo sumiso e indiferente”.
Troconis considera que hubo total impunidad ante los casos de lesiones en las protestas.
“Por todos estos casos solamente hubo un detenido y fue el presunto implicado en la muerte de Alexis Martínez, hermano del diputado al CLEL Francisco Martínez, hecho ocurrido en el Club Hípico Las Trinitarias”.
El abogado sostiene que fue evidente el abuso de poder por parte de los cuerpos de seguridad en contra de los manifestantes.
“Fue trasmitido a través de los medios de comunicación: los manifestantes fueron atacados no solo por los cuerpos policiales sino también por los grupos violentos, además el Ministerio Público también los atacaba sin justicia”.
Explicó que esos grupos violentos atentaron contra el patrimonio de la ciudad.
“Recordemos cómo esos grupos incendiaron la sede de la Universidad Fermín Toro, en plena jornada académica, con estudiantes adentro. Fue un hecho muy lamentable”.
Condena el vandalismo
Troconis reconoció que algunas manifestaciones se tornaron violentas y que eso es repudiable.
“Si bien hubo un abuso de poder por parte de los cuerpos de seguridad también es cierto que durante algunas concentraciones se colocaron barricadas y se levantaron alcantarillas y eso lo rechazamos porque condenamos el vandalismo”.
Refirió que la reacción por parte de la comunidad internacional ha sido muy tímida.
“Se hicieron denuncias ante la ONU, pero solo han dado opiniones, cuando lo que deberían hacer es exigir a Venezuela que respete los acuerdos de derechos humanos firmados”.
